Nacional

Procuraduría suspende a gobernador del Chocó por presunta corrupción

La Procuraduría General de la Nación suspendió este viernes al gobernador del Chocó, Ariel Palacios “de manera preventiva”, por presuntas a supuestas faltas disciplinarias cometidas a través de contratos suscritos en medio de la emergencia decretada por la pandemia del coronaviris.

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El mandatario departamental es cuestionado por el contrato 0198 de 2020, con la fundación Chocó Saludable por 2.091 millones de pesos. para adelantar jornadas de salud preventiva en comunidades vulnerables.

“Resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”, comunicó la Procuraduría.

En la suscripción del contrato se habrían cometido faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, “donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus”.

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“La mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el covid-19, máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus”, agregó el ente disciplinario.

La medida hace parte de un conjunto de decisiones anunciadas este viernes por la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, que emprendieron acciones contra la corrupción a través de contrataciones para atender la emergencia por la COVID-19.

De hecho, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que este tipo de acciones permitió detener la suscripción de contratos que suman unos 17 mil millones de pesos.

El caso Chocó

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En cuanto a las decisiones en Chocó, el contrato cuestionado tenía como objetivo adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos de limpieza, enfermedades crónicas lactancia materna, sexualidad, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.

Pero lo que dice la Procuraduría es que esas actividades no eran importantes ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el COVID-19.

Fuente
Sistema Integrado de Información

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