Córdoba: cuando la política se convierte en un negocio
Por: Mario Pretelt
En Córdoba debería darnos vergüenza que hayamos terminado acostumbrándonos a una política en la que parece importar más cuánto cuesta llegar al poder que para qué se quiere gobernar. Nos hemos habituado a ver campañas convertidas en operaciones financieras, alianzas construidas alrededor de conveniencias particulares y aspiraciones públicas que, en demasiadas ocasiones, responden más a una inversión que a una vocación de servicio. Se calcula cuánto cuesta conseguir los votos, cuántos compromisos hay que asumir para ganar y qué cargos, contratos o cuotas burocráticas permitirán recuperar lo invertido. Lo verdaderamente grave es que esta práctica no solamente compromete la transparencia de las instituciones, sino que degrada la dignidad de la política y convierte las necesidades de la gente en instrumentos de negociación. Cuando alguien llega al poder pensando primero en recuperar el dinero de su campaña, la pregunta ya no es qué puede hacer por Córdoba, sino cuánto puede obtener de ella.
Álvaro Gómez Hurtado cuestionó precisamente ese sistema de compromisos burocráticos y complicidades que terminaba deformando la vida pública colombiana. Su propuesta del Acuerdo sobre lo Fundamental conserva una vigencia extraordinaria, porque invitaba a superar las disputas particulares para encontrar consensos alrededor de los asuntos esenciales de la sociedad. Córdoba necesita una política capaz de ponerse de acuerdo sobre el desarrollo agropecuario, la infraestructura, el acceso al agua, la educación, la salud y la generación de empleo, independientemente de quién gobierne. No podemos seguir condenando los proyectos al olvido cada vez que cambia una administración, ni permitir que las prioridades del departamento queden subordinadas a las necesidades electorales de quienes llegan al poder. Una región no puede construir su futuro sobre acuerdos para repartir cargos, sino sobre compromisos para resolver sus problemas.
Pero sería demasiado cómodo responsabilizar únicamente a los políticos. También debemos mirar de frente la responsabilidad del elector, porque el clientelismo no se sostiene solamente con quien compra voluntades, sino también con quien acepta convertir su voto en una mercancía. Hay ciudadanos que critican la corrupción durante cuatro años, pero cuando llega una campaña negocian su respaldo por dinero, materiales de construcción, mercados, promesas de empleo o cualquier beneficio inmediato. Después se preguntan por qué las vías siguen deterioradas, por qué los hospitales carecen de condiciones adecuadas o por qué sus municipios no progresan. No podemos exigir dirigentes comprometidos con el interés general mientras una parte del electorado siga midiendo a los candidatos por lo que pueden entregar durante una campaña. La pobreza merece solidaridad y respuestas del Estado, jamás señalamientos, pero la necesidad no puede convertirse en una justificación permanente para renunciar a la libertad de elegir. El voto es una de las pocas herramientas que tiene el ciudadano para exigir cuentas y decidir el rumbo de su territorio; entregarlo a cambio de un favor significa renunciar voluntariamente a una parte de ese poder.
A esta realidad se suma el populismo, que ha encontrado en las necesidades sociales un terreno fértil para prosperar. Sus representantes suelen ofrecer soluciones inmediatas a problemas que requieren planificación, inversión y continuidad, mientras alimentan la idea de que un gobernante puede resolverlo todo mediante su voluntad o sus promesas. Se confunde la popularidad con la capacidad de gobernar, la emoción con los resultados y la propaganda con la gestión pública. Así, una entrega ocasional termina presentada como una gran obra, una promesa se convierte en una supuesta solución y el ciudadano acaba evaluando a sus gobernantes por los favores recibidos, en lugar de hacerlo por la calidad de los servicios públicos, las oportunidades de empleo y las transformaciones reales de su comunidad. El populismo y el clientelismo se alimentan mutuamente porque ambos necesitan ciudadanos dependientes, más preocupados por la recompensa inmediata que por el futuro colectivo.
Mientras buena parte de nuestra energía política se consume en asegurar elecciones y conservar respaldos, Córdoba sigue esperando que su potencial se traduzca en mejores condiciones de vida. Tenemos tierras productivas, riqueza hídrica, vocación agropecuaria y una ubicación estratégica en el Caribe, pero nuestros campesinos todavía enfrentan dificultades para comercializar sus productos, transformar sus materias primas y acceder a infraestructura que les permita competir. Los jóvenes buscan oportunidades y muchas comunidades rurales continúan esperando soluciones a necesidades históricas. Necesitamos una dirigencia preparada, con conocimiento del territorio, capacidad de planificación y sentido de responsabilidad pública; una élite dirigente que se distinga por sus capacidades, su formación y su compromiso con la sociedad, no por sus apellidos, su dinero o el tamaño de sus maquinarias electorales. Gobernar exige mucho más que saber ganar elecciones y Córdoba no puede seguir confundiendo una cosa con la otra.
El verdadero debate que necesita nuestro departamento no consiste solamente en decidir quién ocupará los próximos cargos de elección popular, sino en preguntarnos qué clase de dirigentes estamos dispuestos a elegir y qué clase de ciudadanos estamos dispuestos a ser. Álvaro Gómez nos dejó la exigencia de construir acuerdos sobre lo fundamental, una invitación a poner los intereses de la sociedad por encima de las conveniencias particulares. Pero ningún cambio será posible mientras sigamos premiando electoralmente las mismas prácticas que después condenamos en las conversaciones cotidianas. El ciudadano tiene que dejar de actuar como cliente de los políticos y comenzar a comportarse como dueño de sus derechos y protagonista de su futuro. Córdoba merece algo mejor que campañas millonarias, promesas de temporada y gobiernos comprometidos con quienes financiaron su llegada. Porque ningún político puede comprar indefinidamente lo que una ciudadanía está dispuesta a vender.