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Defensa de María Claudia Tarazona respondió a Petro tras anuncio de denuncia por calumnia

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados rechazó la advertencia del exmandatario y aseguró que exigir verdad y justicia no puede convertirse en motivo de intimidación para las víctimas. También insistió en la necesidad de investigar las presuntas responsabilidades y las decisiones adoptadas durante el gobierno Petro en materia de seguridad y protección del exsenador.

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La controversia entre el expresidente Gustavo Petro y María Claudia Tarazona, esposa del exsenador Miguel Uribe Turbay, sumó un nuevo capítulo luego de que el exmandatario anunciara que emprendería acciones judiciales contra ella por las declaraciones en las que lo señaló de tener una presunta responsabilidad en el magnicidio de su esposo.

La respuesta llegó a través de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa jurídicamente a Tarazona y rechazó los señalamientos y advertencias del exjefe de Estado. En un pronunciamiento público, la defensa sostuvo que las víctimas tienen derecho a exigir que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido y que esa exigencia no puede convertirse en motivo de intimidación ni de persecución judicial.

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La controversia se originó después de que María Claudia Tarazona se refiriera a las hipótesis que rodean el asesinato de Miguel Uribe Turbay y cuestionara que la investigación se concentre exclusivamente en la participación de la Segunda Marquetalia.

En sus declaraciones, Tarazona manifestó que, aunque esa organización habría tenido participación en la estructura criminal detrás del atentado, todavía es necesario establecer quiénes fueron los autores intelectuales, quiénes financiaron la operación y quiénes impartieron la orden de asesinar al dirigente político.

Según explicó, las capturas de presuntos integrantes de esa organización no necesariamente significan que se haya esclarecido toda la cadena de responsabilidades. Por eso, insistió en que la Fiscalía debe avanzar hasta identificar a quienes habrían organizado y financiado el crimen.

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En ese contexto, lanzó fuertes señalamientos contra Gustavo Petro y el exdictador venezolano Nicolás Maduro, al mencionar que, presuntamente, ambos podrían estar relacionados con la autoría intelectual del magnicidio.

“Presuntamente, y como la investigación tiende a establecerlo, fue el narcopresidente Gustavo Petro y el

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados rechazó la advertencia del exmandatario y aseguró que exigir verdad y justicia no puede convertirse en motivo de intimidación para las víctimas. También insistió en la necesidad de investigar las presuntas responsabilidades y las decisiones adoptadas durante el gobierno Petro en materia de seguridad y protección del exsenador.

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La controversia entre el expresidente Gustavo Petro y María Claudia Tarazona, esposa del exsenador Miguel Uribe Turbay, sumó un nuevo capítulo luego de que el exmandatario anunciara que emprendería acciones judiciales contra ella por las declaraciones en las que lo señaló de tener una presunta responsabilidad en el magnicidio de su esposo.

La respuesta llegó a través de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa jurídicamente a Tarazona y rechazó los señalamientos y advertencias del exjefe de Estado. En un pronunciamiento público, la defensa sostuvo que las víctimas tienen derecho a exigir que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido y que esa exigencia no puede convertirse en motivo de intimidación ni de persecución judicial.

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La controversia se originó después de que María Claudia Tarazona se refiriera a las hipótesis que rodean el asesinato de Miguel Uribe Turbay y cuestionara que la investigación se concentre exclusivamente en la participación de la Segunda Marquetalia.

En sus declaraciones, Tarazona manifestó que, aunque esa organización habría tenido participación en la estructura criminal detrás del atentado, todavía es necesario establecer quiénes fueron los autores intelectuales, quiénes financiaron la operación y quiénes impartieron la orden de asesinar al dirigente político.

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Según explicó, las capturas de presuntos integrantes de esa organización no necesariamente significan que se haya esclarecido toda la cadena de responsabilidades. Por eso, insistió en que la Fiscalía debe avanzar hasta identificar a quienes habrían organizado y financiado el crimen.

En ese contexto, lanzó fuertes señalamientos contra Gustavo Petro y el exdictador venezolano Nicolás Maduro, al mencionar que, presuntamente, ambos podrían estar relacionados con la autoría intelectual del magnicidio.

“Presuntamente, y como la investigación tiende a establecerlo, fue el narcopresidente Gustavo Petro y el narcodictador Maduro. Y espero que podamos llegar muy pronto a esta conclusión de la manera correcta y judicialmente, como debe ser”, expresó Tarazona.

Las afirmaciones provocaron la reacción del expresidente, quien anunció que solicitaría a su abogado Alejandro Carranza presentar una denuncia penal contra la esposa del exsenador por el delito de calumnia.

“Vuelvo a solicitarle a mi abogado Alejandro Carranza denuncia inmediata por calumnia a la señora Tarazona”, manifestó Petro a través de sus declaraciones públicas.

Frente al anuncio del exmandatario, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo a cualquier actuación que pueda interpretarse como una forma de presión contra María Claudia Tarazona y su familia.

“Exigir verdad y justicia no puede convertirse en motivo de intimidación para las víctimas. Por ello, emprenderemos todas las acciones legales necesarias para proteger los derechos de María Claudia Tarazona y su familia, y actuaremos frente a cualquier conducta que pretenda vulnerarlos”, señaló la representación jurídica.

Los abogados también recordaron que ya presentaron ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra Gustavo Petro por el presunto delito de hostigamiento contra Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con la firma, este proceso hace parte de las actuaciones que consideran necesarias para establecer si existieron conductas o decisiones que pudieron tener relación con las circunstancias que rodearon el asesinato del exsenador.

La defensa insistió en que las autoridades deben investigar todas las hipótesis y esclarecer las posibles responsabilidades, sin limitar las pesquisas a los integrantes de las estructuras criminales que habrían ejecutado materialmente el atentado.

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con las decisiones adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro frente a las órdenes de captura contra integrantes de grupos armados.

En particular, los abogados solicitaron esclarecer las circunstancias relacionadas con la suspensión de las órdenes de captura contra José Aldinéver Sierra Sabogal, conocido con el alias de Zarco Aldinéver, señalado de tener presunta responsabilidad en el crimen contra Miguel Uribe Turbay.

Para la defensa, es necesario determinar qué decisiones se tomaron, cuáles fueron sus fundamentos y si tuvieron alguna incidencia en el desarrollo de los hechos investigados por las autoridades.

Asimismo, solicitaron revisar las posibles fallas en el esquema de protección del exsenador, que estaba a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“De igual manera, deben investigarse las fallas en el servicio de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el gobierno del expresidente Petro, y establecerse las responsabilidades correspondientes el día de los hechos”, reclamaron desde la firma de abogados.

La solicitud busca que se establezca si existieron omisiones, deficiencias o decisiones institucionales que pudieron comprometer la seguridad de Miguel Uribe Turbay y si hay funcionarios que deban responder por lo sucedido.

El enfrentamiento entre Gustavo Petro y María Claudia Tarazona abre un nuevo frente judicial y político alrededor del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Mientras el exmandatario anunció acciones por las acusaciones formuladas en su contra, la defensa de la familia del exsenador aseguró que no retrocederá en su propósito de exigir respuestas sobre el crimen.

Los abogados reiteraron que continuarán utilizando los mecanismos legales disponibles para proteger los derechos de las víctimas y reclamar que las instituciones competentes avancen en el esclarecimiento de los hechos.

La defensa también insistió en que el país necesita conocer no solamente quiénes participaron en la ejecución del atentado, sino quiénes lo planearon, lo financiaron y dieron las órdenes para llevarlo a cabo.

Por ahora, los señalamientos de Tarazona contra Petro y Maduro deben entenderse como acusaciones que requieren comprobación judicial. La determinación de eventuales responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, en el marco de las investigaciones y con las garantías legales correspondientes.

El mensaje de la defensa es claro: la familia de Miguel Uribe Turbay continuará reclamando verdad, justicia y respuestas institucionales, mientras la confrontación con el expresidente Gustavo Petro comienza a trasladarse también al terreno judicial.

Maduro. Y espero que podamos llegar muy pronto a esta conclusión de la manera correcta y judicialmente, como debe ser”, expresó Tarazona.

Las afirmaciones provocaron la reacción del expresidente, quien anunció que solicitaría a su abogado Alejandro Carranza presentar una denuncia penal contra la esposa del exsenador por el delito de calumnia.

“Vuelvo a solicitarle a mi abogado Alejandro Carranza denuncia inmediata por calumnia a la señora Tarazona”, manifestó Petro a través de sus declaraciones públicas.

Frente al anuncio del exmandatario, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo a cualquier actuación que pueda interpretarse como una forma de presión contra María Claudia Tarazona y su familia.

“Exigir verdad y justicia no puede convertirse en motivo de intimidación para las víctimas. Por ello, emprenderemos todas las acciones legales necesarias para proteger los derechos de María Claudia Tarazona y su familia, y actuaremos frente a cualquier conducta que pretenda vulnerarlos”, señaló la representación jurídica.

Los abogados también recordaron que ya presentaron ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra Gustavo Petro por el presunto delito de hostigamiento contra Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con la firma, este proceso hace parte de las actuaciones que consideran necesarias para establecer si existieron conductas o decisiones que pudieron tener relación con las circunstancias que rodearon el asesinato del exsenador.

La defensa insistió en que las autoridades deben investigar todas las hipótesis y esclarecer las posibles responsabilidades, sin limitar las pesquisas a los integrantes de las estructuras criminales que habrían ejecutado materialmente el atentado.

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con las decisiones adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro frente a las órdenes de captura contra integrantes de grupos armados.

En particular, los abogados solicitaron esclarecer las circunstancias relacionadas con la suspensión de las órdenes de captura contra José Aldinéver Sierra Sabogal, conocido con el alias de Zarco Aldinéver, señalado de tener presunta responsabilidad en el crimen contra Miguel Uribe Turbay.

Para la defensa, es necesario determinar qué decisiones se tomaron, cuáles fueron sus fundamentos y si tuvieron alguna incidencia en el desarrollo de los hechos investigados por las autoridades.

Asimismo, solicitaron revisar las posibles fallas en el esquema de protección del exsenador, que estaba a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“De igual manera, deben investigarse las fallas en el servicio de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el gobierno del expresidente Petro, y establecerse las responsabilidades correspondientes el día de los hechos”, reclamaron desde la firma de abogados.

La solicitud busca que se establezca si existieron omisiones, deficiencias o decisiones institucionales que pudieron comprometer la seguridad de Miguel Uribe Turbay y si hay funcionarios que deban responder por lo sucedido.

El enfrentamiento entre Gustavo Petro y María Claudia Tarazona abre un nuevo frente judicial y político alrededor del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Mientras el exmandatario anunció acciones por las acusaciones formuladas en su contra, la defensa de la familia del exsenador aseguró que no retrocederá en su propósito de exigir respuestas sobre el crimen.

Los abogados reiteraron que continuarán utilizando los mecanismos legales disponibles para proteger los derechos de las víctimas y reclamar que las instituciones competentes avancen en el esclarecimiento de los hechos.

La defensa también insistió en que el país necesita conocer no solamente quiénes participaron en la ejecución del atentado, sino quiénes lo planearon, lo financiaron y dieron las órdenes para llevarlo a cabo.

Por ahora, los señalamientos de Tarazona contra Petro y Maduro deben entenderse como acusaciones que requieren comprobación judicial. La determinación de eventuales responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, en el marco de las investigaciones y con las garantías legales correspondientes.

El mensaje de la defensa es claro: la familia de Miguel Uribe Turbay continuará reclamando verdad, justicia y respuestas institucionales, mientras la confrontación con el expresidente Gustavo Petro comienza a trasladarse también al terreno judicial.

 

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