Caen cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo señalados de extorsionar a ganaderos y comerciantes
Ganaderos, comerciantes y habitantes de zonas rurales de San Carlos, Córdoba, habrían sido víctimas de intimidaciones y exigencias económicas por parte de una presunta estructura criminal vinculada al Clan del Golfo. En medio de las investigaciones, las autoridades lograron la captura de cuatro personas y notificaron una orden judicial a un quinto señalado, quien ya se encontraba recluido en una cárcel.
El operativo fue adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, mediante diligencias de allanamiento en el municipio de San Carlos. Los cinco investigados serían presuntos integrantes de la subestructura “Javier Yepes Cantero” del Clan del Golfo y son requeridos por delitos relacionados con extorsión, concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Entre los señalados se encuentra alias “El Mono Vargas”, de 56 años, quien presuntamente ejercía funciones de control sobre la población en el corregimiento Patio Bonito y promovía la incorporación de nuevos integrantes a la organización. También figura alias “La Comadre” o “La Mona”, de 33 años, señalada de coordinar actividades delictivas, almacenar armamento e intimidar a residentes del sector.
Otro de los investigados es alias “Kevin”, de 35 años, quien, según la Policía, ejercía presiones sobre comerciantes y habitantes del corregimiento Carrizal mediante presuntas extorsiones y amenazas. Asimismo, fue identificado alias “Superman”, de 44 años, señalado de actuar como jefe de zona y coordinar los cobros extorsivos al sector ganadero y comercial.
Por su parte, alias “Guerrillo”, de 36 años, sería el segundo cabecilla del componente criminal que operaba en San Carlos. A este hombre le fue notificada una orden de captura en el establecimiento penitenciario La Tramacúa, en Valledupar, donde ya permanecía privado de la libertad.
De acuerdo con las autoridades, los investigados registran antecedentes por diferentes conductas delictivas, entre ellas extorsión, amenazas, secuestro y delitos relacionados con armas de fuego. Las investigaciones buscan establecer el alcance de su presunta participación en las actividades criminales denunciadas en esta zona de Córdoba.
Con este procedimiento, las autoridades buscan frenar las intimidaciones que afectan la tranquilidad y las actividades económicas de las comunidades rurales. Los cinco señalados deberán responder ante la justicia por los delitos que se les atribuyen, manteniendo su derecho a la presunción de inocencia.