Autonomía universitaria: ¿Puede la fuerza pública ingresar a los campus universitarios?
Ante las recientes declaraciones del señor Presidente de la República sobre la autonomía universitaria, el orden público y la eventual intervención de la fuerza pública en los campus de las universidades públicas, los rectores que integramos el Sistema Universitario Estatal (SUE) consideramos necesario aportar a esta discusión nacional desde la serenidad, la responsabilidad institucional y la disposición permanente al diálogo.
La autonomía universitaria no constituye un privilegio de inmunidad frente al ordenamiento jurídico, ni puede utilizarse como excusa o refugio para quienes destruyen bienes públicos, agreden a integrantes de la comunidad universitaria, atacan a ciudadanos o miembros de la fuerza pública, portan armas, promueven actos vandálicos o incurren en conductas tipificadas como delito. Quienes actúan de esa manera, no ejercen la autonomía universitaria ni pueden pretender ampararse en ella.
Del mismo modo, defendemos sin ambigüedades, el derecho constitucional a la protesta pacífica, la libertad de expresión, el pensamiento crítico, la deliberación democrática y la posibilidad de disentir. La universidad debe ser un escenario para la palabra, el conocimiento y las ideas, nunca un espacio para la violencia. Tratar de reducir la autonomía universitaria a la pregunta, si la Fuerza Pública puede o no ingresar a un campus universitario, desconoce la dimensión constitucional de este principio y la complejidad que enfrentan las universidades públicas colombianas.
La autonomía también se vulnera cuando se pretende interferir arbitrariamente en la elección, designación, permanencia o remoción de sus autoridades; cuando se desconocen sus estatutos o sus órganos de gobierno; cuando lógicas de poder ajenas al ethos universitario, pretenden convertirla en escenarios de disputa o control político; de igual manera, cuando las transferencias, los presupuestos y las decisiones administrativas se utilizan como mecanismos de presión, cuando el desfinanciamiento estructural limita materialmente la capacidad institucional para cumplir su misión; o cuando se intenta condicionar la libertad académica, científica y de pensamiento.
Las amenazas a la autonomía también se vulneran cuando grupos armados ilegales, organizaciones criminales, estructuras vinculadas al microtráfico u otros actores violentos pretenden controlar espacios universitarios, intimidar a estudiantes, profesores, trabajadores o directivos, capturar organizaciones universitarias o imponer mediante la amenaza lo que no pueden defender a través de las ideas.
Frente a cualquiera de estas formas de presión, nuestra posición es inequívoca: la universidad pública no pertenece al Gobierno, partidos políticos, grupos armados, ni a organizaciones criminales. Pertenece a la sociedad colombiana; para contribuir desde el conocimiento, la educación, la ciencia y la cultura, al desarrollo del país. Por ello, cualquier protocolo que se proponga para atender situaciones excepcionales de violencia en los campus deberá construirse mediante el diálogo con las universidades; reconocer las competencias de sus autoridades y órganos de gobierno; además, establecer con absoluta claridad, criterios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y respeto por los derechos humanos.
Las universidades también debemos asumir nuestra responsabilidad. La autonomía exige capacidad de autorregulación, prevención y actuación institucional. Convenimos fortalecer nuestros mecanismos de convivencia, seguridad, mediación y resolución pacífica de conflictos. Proteger a nuestras comunidades, cooperar con las autoridades competentes cuando se presenten conductas delictivas; y evitar que nuestros campus sean instrumentalizados por organizaciones que pretendan sustituir la deliberación democrática por la intimidación o la violencia.
Este debate puede convertirse en una oportunidad para el país. Colombia inicia un nuevo período de gobierno y las universidades públicas tenemos la disposición de contribuir activamente a los grandes desafíos nacionales. En este sentido, invitamos respetuosamente al señor Presidente de la República y a la señora Ministra de Educación Nacional a sostener, junto con los rectores y las comunidades universitarias, un diálogo franco, constructivo y transparente sobre lo que el país espera de sus universidades públicas y sobre lo que estas requieren del Estado para cumplir plenamente su misión constitucional.
Queremos conversar, no solo sobre orden público. Deseamos hablar de financiación y sostenibilidad; calidad, cobertura y acceso; bienestar y permanencia estudiantil; ciencia, tecnología e innovación; inteligencia artificial y transformación digital; desarrollo regional; inclusión y equidad; formación ciudadana; emprendimiento y productividad; cultura; construcción de paz; y, en general, sobre el papel que las universidades públicas están llamadas a desempeñar en la construcción del presente y futuro de Colombia.