Puente de $17 mil millones sobre el río Sucio queda bajo la lupa por contratación y permisos ambientales
La construcción del puente sobre el río Sucio, en Juan José, Puerto Libertador, quedó en medio de cuestionamientos por el manejo contractual de recursos del Sistema General de Regalías. El concejal Elkin Callejas llevó el caso ante organismos de control y puso sobre la mesa un concepto del Consejo de Estado, mientras también existen inquietudes por estampillas municipales y permisos ambientales requeridos para la ejecución de la obra.
Una inversión que supera los $17 mil millones entre obra e interventoría vuelve a generar debate en Puerto Libertador, Córdoba. Se trata del proyecto para construir un puente sobre el río Sucio, en el corregimiento de Juan José, cuya contratación fue cuestionada ante organismos de control por el concejal Elkin Callejas.
El proyecto es financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y tiene como ejecutor contractual a ASOMUDACAR. La construcción supera los $15.170 millones, mientras que la interventoría está por encima de los $1.849 millones.
El debate tomó fuerza después de que Callejas divulgara un concepto del Consejo de Estado relacionado con la contratación de proyectos financiados con regalías. El documento aborda las responsabilidades que tienen las entidades designadas como ejecutoras y las reglas de contratación aplicables a este tipo de inversiones públicas.
El concepto no constituye, por sí mismo, una decisión sobre el contrato del puente de río Sucio. Sin embargo, fue presentado como un elemento para que los organismos competentes revisen si el procedimiento utilizado se ajustó a la normatividad vigente.
Más de $2.000 millones en estampillas, otro punto del debate
A las inquietudes contractuales se suma el posible impacto sobre los ingresos de Puerto Libertador por concepto de estampillas municipales.
Según el análisis presentado por el concejal, conceptos como Procultura, Prodeporte, Pro Adulto Mayor, Pro Electrificación y Pro Universidad de Córdoba representarían aproximadamente un 12 % del valor conjunto de la obra y la interventoría.
La cifra calculada ronda los $2.042 millones, recursos cuya eventual causación o recaudo deberá ser determinada conforme a las normas aplicables al contrato.
También hay alerta ambiental
El proyecto enfrenta además observaciones relacionadas con las intervenciones realizadas sobre el río Sucio.
Tras una visita técnica, la CVS determinó que las obras requieren permiso de ocupación de cauce y permiso de aprovechamiento forestal, debido a intervenciones sobre el cuerpo de agua y actividades de tala evidenciadas en el sector.
La autoridad ambiental recomendó suspender las actividades susceptibles de afectar el río hasta que sean acreditados los permisos correspondientes.
Callejas sostiene que sus cuestionamientos no buscan frenar la construcción del puente, una infraestructura esperada por las comunidades de la zona, sino que pretende que la millonaria inversión sea ejecutada cumpliendo las obligaciones contractuales, fiscales y ambientales.
El caso queda ahora sujeto a la revisión de los organismos de control y autoridades competentes, que serán los encargados de establecer si existieron irregularidades o si la contratación y ejecución del proyecto se encuentran ajustadas a la ley.