$4.107 millones bajo la lupa: Contraloría detecta presunto daño fiscal en obra vial de Moñitos
Una obra de pavimentación contratada por más de $10.232 millones en Moñitos terminó bajo la lupa de la Contraloría General de la República. Una auditoría detectó un presunto daño fiscal de $4.107 millones, cuestionó la falta de soportes financieros y señaló que la asociación encargada de ejecutar el proyecto no cumplía un requisito legal para manejar recursos del Sistema General de Regalías.
Más de 4 mil millones de pesos están bajo la lupa en Moñitos. La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades alrededor de un proyecto contratado en 2023 para pavimentar la vía entre la cabecera municipal y el corregimiento Broqueles.
El proyecto tenía un valor de $10.232 millones y fue entregado para su ejecución a la Asociación de Municipios de Córdoba y del Urabá Antioqueño, Amucordoba.
El convenio interadministrativo fue suscrito durante la administración del entonces alcalde Javier Olea Blanquiceth.
La auditoría terminó determinando un presunto daño fiscal por $4.107 millones, mientras otros aspectos encontrados podrían tener, según el organismo de control, posibles implicaciones penales.
Asociación no estaba inscrita para ejecutar los recursos
Uno de los puntos que más llama la atención del informe está relacionado con los requisitos que debía cumplir Amucordoba.
Según la Contraloría, para ejecutar recursos provenientes del Sistema General de Regalías, la asociación debía estar inscrita en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT).
Sin embargo, durante la auditoría se verificó ante el Ministerio del Interior que Amucordoba no se encontraba inscrita en ese registro, por lo que, de acuerdo con el organismo de control, no estaba habilitada para ejecutar el proyecto bajo esas condiciones.
La Contraloría consideró que esta situación podría tener una presunta incidencia penal, asunto que deberá ser determinado por las autoridades competentes.
¿Qué pasó con $2.827 millones entregados como anticipo?
Los cuestionamientos no terminan allí.
Para comenzar la ejecución fueron girados cerca de $2.827 millones como anticipo, pero la auditoría advirtió dificultades para establecer con certeza el manejo de esos recursos.
De acuerdo con el informe, debía abrirse una cuenta bancaria específica a nombre del proyecto. La Contraloría señaló que esto no se habría realizado en los términos requeridos y encontró ausencia de soportes suficientes sobre movimientos y utilización del dinero.
El equipo auditor también indicó que la información suministrada por el municipio no contenía documentación financiera idónea para demostrar la ejecución de algunos componentes del convenio, incluyendo rubros relacionados con Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) y costos complementarios.
En el convenio de interventoría, según la auditoría, fueron encontradas órdenes de pago, pero no documentación suficiente que demostrara integralmente su ejecución contable y financiera.
Una obra nueva que ya presenta fisuras
La carretera construida también fue inspeccionada y allí aparecieron nuevos cuestionamientos.
Pese a tratarse de una intervención relativamente reciente, los auditores identificaron posibles deficiencias en siete placas de concreto hidráulico, donde encontraron fisuras transversales y señales de desgaste superficial prematuro.
Esto abrió interrogantes no solamente sobre el manejo de los recursos, sino también sobre la calidad de algunos segmentos de la obra entregada.
Contraloría pone $4.107 millones bajo investigación fiscal
Tras revisar los soportes y la ejecución contractual, el organismo de control estableció un presunto daño fiscal de $4.107 millones.
El caso hace parte de una auditoría más amplia sobre contratos ejecutados en Córdoba con recursos que, en conjunto, superan los $140 mil millones.
Por ahora, los hallazgos de la Contraloría no equivalen a una condena ni determinan responsabilidad definitiva del exalcalde, de los contratistas o de otros involucrados. Los procesos correspondientes deberán establecer si existieron responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.
Lo que sí deja la auditoría son fuertes interrogantes: una asociación que, según la Contraloría, no cumplía el requisito para ejecutar los recursos, millones entregados como anticipo sin soportes suficientes y una carretera relativamente nueva donde ya fueron detectadas fisuras y desgaste.