Sin Dios y Sin Ley
Por : Elvis Guerra
En días pasados, y haciendo uso del poder que la Constitución y los votos le dieron, el Concejo de Montería citó a la empresa Veolia a un debate de control político. Esto en razón de que muchos sectores de la ciudad se encuentran desesperados ante el pésimo servicio de alcantarillado y, en algunos lugares, hasta del suministro. ¡Enhorabuena por el Concejo!; esto da cuenta de que les preocupa la ciudadanía, y ojalá así fuera para todo.
Ahora bien, para que entendamos esto de manera sencilla y en términos de legalidad y de dinero, empecemos por explicar la naturaleza jurídica de la empresa y la importancia que ello tiene para la prestación de un servicio. Veolia es una empresa de carácter privado que opera en diferentes ciudades del país, y cuyo objeto social para el caso de Montería es «cumplir el contrato de concesión para financiar, ampliar, rehabilitar, mantener y operar la infraestructura, además de recaudar los ingresos por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Montería».
Hay que resaltar que el propósito comercial de creación de una empresa privada siempre será la generación de riqueza; más allá de cualquier objeto social, está diseñada para ello. Asimismo, hay que entender que el contrato de concesión de Veolia inicialmente se firmó en 2014 con una prórroga de 10 años más por la administración de aquel momento y, por supuesto, con aprobación del Concejo de la época. Hay que recordar que los concejos son coadministradores y tienen dentro de sus funciones ejercer fiscalización del bienestar social de la ciudad. Creo que les asiste la razón en sentirse burlados, tanto ellos como la ciudad. La no asistencia de su representante legal, gerente o quien haga sus veces para discutir los incumplimientos de la empresa para con la ciudad es una muestra clara de la importancia que le dan a ella y a los 19 representantes de la misma.
Justamente por ello es que la administración municipal debería entrar a revisar con lupa todas y cada una de las cláusulas del contrato y determinar la violación de las mismas: revisar cobertura, ampliación y mantenimiento de redes (que, dicho sea de paso, ya existían, pertenecen a la ciudad y no gastaron un céntimo en ellas) y, sobre todo, los costos, en el entendido de que la materia prima producto de sus ingresos la proporciona la ciudad, que es el río mismo que es propiedad de todos y que ellos administran.
Y es que Veolia comete todo tipo de vejámenes con los usuarios: rompen calles, destrozan terrazas, impiden la libre locomoción, y el más usual y violatorio de la ley es amedrentar con el corte del servicio por retrasos en el pago, a veces de solo días, cuando la ley claramente dice en sus artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994 que «la empresa puede suspender el servicio tras el atraso de dos períodos de facturación si es bimestral, o tres períodos si es mensual».
Ha de ser muy decepcionante como profesional gerenciar una empresa de esta calaña. No en vano el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, viviendo exactamente esta misma realidad, defendiendo los intereses de la ciudad y haciendo respetar las cláusulas del contrato, tomó la determinación, actuando en derecho, de dar por terminado dicho contrato y relación con Aguas de Cartagena (socio de Veolia), en un hecho que viene a ratificar la defensa de lo público y a propender por el bienestar de todos.
La ciudadanía de Montería, tampoco los concejales, pero menos el alcalde, pueden permitir que una empresa a la que se le han otorgado todo tipo de garantías comenzando por la materia prima de operación, el río y los usuarios no solo no cumpla, sino que pase por encima de la ley y la población. Y es que ya no es un asunto de discutirlo; aquella oportunidad se dio en la citación a debate, y el representante legal dejó claro que no va a discutir nada, que no le interesa nada distinto a la cláusula de recaudo (que esa sí que la hacen bien). Así, tal y como andan algunos bares de la ciudad, como decían nuestros abuelos, Veolia en la ciudad de Montería anda sin Dios y sin ley.