¡NO TIENE IDEA DE LO QUE HACE! Alcalde de Chimá tuvo que revesar contratos por irregularidades
Una nueva controversia rodea la contratación en la Alcaldía de Chimá. Denuncias conocidas recientemente señalan que presuntamente se habrían utilizado recursos destinados a inversión para financiar gastos de funcionamiento, una práctica que ya habría sido corregida en 2024 tras la anulación de varios contratos y que ahora vuelve a estar en el centro del debate.
La administración municipal de Chimá enfrenta nuevos cuestionamientos por un presunto manejo irregular de recursos públicos, luego de que salieran a la luz denuncias sobre la utilización de dineros con destinación específica para inversión en contratos que, por su naturaleza, corresponderían a gastos de funcionamiento.
De acuerdo con la información conocida, durante 2024 la Alcaldía de chimá tuvo que liquidar 17 contratos luego de identificar que habían sido respaldados con una fuente de financiación que no correspondía. En ese momento, la administración argumentó que se trató de un error en la clasificación del origen de los recursos.
Sin embargo, las nuevas denuncias advierten que, pese a ese antecedente, durante la presente vigencia se habrían celebrado otros contratos de prestación de servicios con aparentes inconsistencias en su clasificación presupuestal. Según los señalamientos, algunos habrían sido registrados como proyectos de inversión, aunque corresponderían a actividades propias del funcionamiento administrativo.
La preocupación radica en que, de confirmarse estas irregularidades, podrían haberse utilizado recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), destinados exclusivamente a sectores como educación, salud, agua potable, saneamiento básico, deporte o cultura, para cubrir gastos que no estarían autorizados con esas fuentes de financiación.
Por ahora, no existe un pronunciamiento oficial de los organismos de control que establezca responsabilidades ni una decisión definitiva sobre los hechos denunciados. No obstante, el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, que serán las encargadas de verificar si existieron irregularidades y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
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