Dos familias serían desalojadas por una carretera que ya no se construirá en San Pelayo
La incertidumbre invade a dos familias del corregimiento de Carrillo, en San Pelayo, luego de recibir una orden de desalojo por un proyecto vial que fue cancelado. Los afectados aseguran que podrían perder su vivienda sin recibir una compensación justa y cuestionan por qué el proceso judicial sigue en marcha si la obra nunca será ejecutada.
La cancelación de un proyecto vial no detuvo el proceso de desalojo que hoy mantiene en vilo a dos familias del corregimiento de Carrillo, en el municipio de San Pelayo. Aunque la carretera proyectada por la Concesión Ruta al Mar ya no será construida, los ocupantes del predio recibieron una orden judicial para abandonar sus viviendas el próximo 25 de agosto.
La medida quedó consignada en el Aviso Oficial No. 02401 expedido por el Juzgado Municipal de San Pelayo, que fijó la diligencia de lanzamiento con el acompañamiento de la fuerza pública en caso de que exista resistencia por parte de las familias ocupantes.
En el inmueble viven dos núcleos familiares conformados por Eder Hernández, Ingrid Ramos y un menor de edad, así como Margarita Negrete, Dolly López y José Miguel Ramos, quienes aseguran no entender por qué el proceso continúa si el proyecto para el cual se requería el terreno fue suspendido tras la terminación del contrato de concesión.
Las familias afectadas afirman que la propiedad tiene un valor cercano a 300 millones de pesos y sostienen que, durante el proceso de negociación, la concesionaria les ofreció alrededor de 100 millones de pesos, propuesta que rechazaron por considerarla muy inferior al valor real del predio.
“No entendemos por qué pasa esto, si ya Ruta al Mar no construye la carretera. Nos llevamos la sorpresa de que los procesos siguen y seremos echados a la calle y sin plata”, manifestó Ingrid Ramos.
El caso toma mayor relevancia luego de que un tribunal ordenara a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pagar 3,57 billones de pesos a la concesionaria, tras declarar la terminación del contrato y reconocer incumplimientos relacionados con el proyecto vial.
Mientras se acerca la fecha del desalojo, las familias continúan buscando respuestas y solicitan que se revise su situación jurídica, al considerar injusto perder sus viviendas por una obra que finalmente no se ejecutará. El caso también abre interrogantes sobre el futuro de otros procesos iniciados para la adquisición de predios vinculados a proyectos de infraestructura que quedaron inconclusos.