A días del juicio, fiscal acusado de doble h0m¡cid¡0 busca que aprueben un preacuerdo mediante una tutela
Cuando faltan pocos días para el inicio del juicio oral por el caso que lo mantiene procesado por homicidio agravado, el fiscal Mario Alfonso Lora Correa acudió a una acción de tutela con la que pretende que la justicia apruebe un preacuerdo que ya fue rechazado en dos instancias. La decisión que adopte la Corte Suprema podría conocerse en la misma fecha prevista para el comienzo del juicio.
El proceso judicial contra el fiscal Mario Alfonso Lora Correa, investigado por el presunto homicidio agravado de Camilo Andrés Rodríguez López y Harold David Suárez Rivas, sumó un nuevo capítulo luego de que el funcionario presentara una acción de tutela contra el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, el Tribunal Superior de Medellín y los conjueces que conocieron su caso.
En la tutela, el fiscal Lora Correa sostiene que le fueron vulnerados derechos fundamentales como el debido proceso, la imparcialidad judicial, la defensa y el acceso a la justicia, tras la negativa de los jueces de aprobar el segundo preacuerdo que presentó de manera conjunta con la Fiscalía.
El procesado argumenta que renunció a la prescripción del proceso, aceptó su responsabilidad en los hechos e indemnizó a las familias de las víctimas. Sin embargo, el acuerdo proponía modificar la calificación jurídica de homicidio agravado a legítima defensa excedida, planteamiento que fue rechazado por la juez Ana Brigitte Verbel López, al considerar que no existían elementos probatorios que sustentaran esa tesis.
La decisión fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, cuyo magistrado ponente concluyó que la negociación no guardaba proporción con la gravedad del delito atribuido. Para los jueces, la existencia de un acuerdo entre las partes o la reparación económica a las víctimas no reemplaza la obligación de verificar que existan fundamentos jurídicos y probatorios suficientes para respaldar el preacuerdo.
En su acción de tutela, el fiscal Lora Correa también cuestiona que, según afirma, las partes no tuvieron la oportunidad de controvertir los argumentos utilizados para negar la negociación. Por ello, solicita que se dejen sin efectos las decisiones de primera y segunda instancia y que se ordene la aprobación del preacuerdo dentro de un plazo razonable.
La tutela cobra especial relevancia por el momento en que fue presentada. El juicio oral está programado para iniciar el próximo 17 de julio, mientras que la Corte Suprema de Justicia cuenta con el término legal para resolver la acción constitucional. Esto ha generado interrogantes sobre si la solicitud podría tener incidencia en el cronograma del proceso judicial, aunque hasta el momento no existe una decisión que suspenda o modifique la fecha fijada para el inicio del juicio.