Condenan a banda que explotaba a niños indígenas para mendigar y revender donaciones en Medellín
Las investigaciones permitieron establecer que los menores eran llevados a las calles, especialmente en zonas de alta afluencia de visitantes como El Poblado, donde permanecían durante extensas jornadas, incluso hasta altas horas de la madrugada.
Una red criminal señalada de utilizar a niños de la comunidad indígena Emberá Katío para actividades de mendicidad en Medellín fue condenada tras una investigación que dejó al descubierto un esquema de explotación infantil que operó durante varios meses en sectores turísticos y comerciales de la ciudad. Siete integrantes de la organización aceptaron su responsabilidad mediante preacuerdos con la Fiscalía y recibieron penas de entre 24 y 39 meses de prisión.
Banda que explotaba a niños indígenas
Las investigaciones permitieron establecer que los menores eran llevados a las calles, especialmente en zonas de alta afluencia de visitantes como El Poblado, donde permanecían durante extensas jornadas, incluso hasta altas horas de la madrugada. Allí pedían a ciudadanos y turistas la compra de pañales, leche y otros artículos de primera necesidad bajo el argumento de encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.
Según las autoridades, los productos obtenidos no eran destinados al bienestar de los niños. Por el contrario, eran revendidos posteriormente para obtener ganancias económicas. Entre los condenados figura una comerciante que, de acuerdo con la investigación, se encargaba de adquirir parte de los elementos recolectados y coordinar su comercialización dentro de la red.
La Fiscalía señaló que varios de los implicados recorrían distintos puntos de Medellín cargando bebés en brazos y exhibiendo mensajes relacionados con necesidades básicas para despertar la solidaridad de los transeúntes. De esta manera lograban recibir donaciones constantes que luego alimentaban el negocio ilegal montado alrededor de la explotación de los menores.
Tras valorar las pruebas recopiladas durante la investigación, una juez penal avaló los preacuerdos alcanzados con los procesados y emitió las respectivas condenas por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad. El caso volvió a encender las alertas sobre el uso de niños en actividades de mendicidad y la vulnerabilidad de comunidades indígenas desplazadas en las grandes ciudades del país.