Clases presenciales en el departamento solo donde haya condiciones seguras tras la emergencia
La Gobernación pidió a rectores y alcaldías reportar aulas afectadas para ajustar decisiones y garantizar la continuidad educativa sin poner en riesgo a las comunidades escolares.
En medio de la emergencia, la principal preocupación sigue siendo la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. Por esta razón, las clases presenciales se mantendrán únicamente en los establecimientos donde existan condiciones adecuadas, mientras que en las sedes afectadas se continuará con alternativas como el trabajo en casa y el acompañamiento pedagógico, evitando así la interrupción del proceso educativo.
Regreso a clases escalonado
Desde Montería, la secretaria de Educación (e), Ángela Muñoz, explicó que en las sedes donde persisten daños se continúa trabajando con modelos educativos flexibles, apoyados en guías pedagógicas y estrategias de acompañamiento. “En el caso de las sedes donde persistan afectaciones derivadas de la reciente emergencia, se continuará trabajando bajo modelos educativos flexibles que están siendo apoyados con el desarrollo de guías pedagógicas y estrategias de acompañamiento. Para ello, la Secretaría de Educación Departamental ha dispuesto su equipo y todo el respaldo técnico necesario”, indicó.
Las autoridades recordaron que en 26 establecimientos educativos oficiales fue necesario modificar el calendario escolar y activar la semana de desarrollo institucional como medida preventiva. En aquellas instituciones donde aún no es viable el retorno a la presencialidad, se mantendrán los esquemas flexibles hasta que se superen las condiciones que impiden un regreso seguro a las aulas.
Como parte del seguimiento en territorio, la Secretaría de Educación Departamental realizó visitas a varios planteles del municipio de San Pelayo, donde se evaluaron aspectos de seguridad, accesibilidad y prestación de servicios básicos tras la emergencia. Paralelamente, la Gobernación hizo un llamado a rectores, directores rurales y secretarios de educación municipales para que reporten de manera formal las sedes que aún presentan afectaciones, con el fin de actualizar el diagnóstico educativo departamental y adoptar decisiones oportunas que garanticen la protección y la continuidad del servicio educativo en Córdoba.