Murió esperando su bono pensional: familia de madre comunitaria denuncia trabas del ICBF en Montería
La historia de Margarita Peña, madre comunitaria de la comuna 9 de Montería con más de 35 años de servicio, abrió un nuevo debate sobre los retrasos y fallas en el otorgamiento del bono pensional para este grupo de trabajadoras. La familia de la mujer, quien falleció el pasado 4 de noviembre, asegura que el ICBF no actuó con diligencia pese al grave estado de salud en el que se encontraba.
Notificada como beneficiaria, pero nunca recibió el pago
Según relataron sus familiares, en mayo de este año el ICBF notificó a Margarita Peña como beneficiaria del bono pensional. Sin embargo, la madre comunitaria, paciente renal crónica en diálisis desde hacía siete años— nunca alcanzó a recibir un solo pago.
A pesar de su condición médica, la mujer continuó trabajando porque no le otorgaban incapacidad, argumentando que contaba con tratamiento. En 2024, el deterioro de su salud, sumado a la pérdida progresiva de la visión, finalmente obligó a expedirle incapacidad, proceso realizado por su hija.
Bloqueos administrativos y demoras en plena crisis de salud
Margarita fue hospitalizada desde julio de este año en delicado estado. Conforme a la normativa, debía esperar tres meses para poder cobrar el bono, plazo que se cumplió en agosto, cuando aún permanecía internada.
Pero al consultar al centro zonal del ICBF, su hija recibió una inesperada respuesta: el pago estaba bloqueado porque la Asociación P5 Sector 2 había seguido cancelando aportes en salud, situación que según la entidad, impedía avanzar en el desembolso.
La familia afirma que enviaron correos a Bogotá y realizaron denuncias públicas sin obtener una solución o un acompañamiento adecuado por parte del Instituto. “El ICBF no tuvo en cuenta el estado crítico de mi mamá. La abandonaron totalmente”, expresó la hija.
Reactivación tardía y un pago que nunca llegó
En septiembre, el ICBF les informó que Margarita había sido reactivada al programa y que recibiría los pagos correspondientes a mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre en la nómina de ese último mes.
Sin embargo, la mujer continuaba hospitalizada y sin posibilidad de desplazarse, por lo que otorgó un poder a su hija para reclamar los recursos.
El 4 de noviembre, Margarita Peña falleció en la clínica Imat sin haber recibido el dinero que le correspondía.
El giro quedó represado y el poder no fue aceptado
Tras su muerte, la hija acudió a las oficinas de la empresa de giros RÉCORD, donde le informaron que no podían aceptar el poder dejado por su madre. El giro, por cerca de 7 millones de pesos, permanece retenido.
La familia hoy reclama claridad:
“¿Para dónde va el dinero que mi mamá se ganó con más de 35 años de servicio? No nos importa si se pierde, pero que quede claro que el ICBF vulneró sus derechos con tantas trabas”, expresó su hija.
Los familiares señalan además que enfrentan gastos acumulados durante los cinco meses de hospitalización de Margarita, tiempo en el que se turnaron entre la casa y la clínica.
Silencio institucional
Hasta el momento, la familia no ha recibido una explicación oficial sobre qué ocurrirá con el dinero no entregado ni sobre los motivos del prolongado bloqueo. También piden revisar los protocolos para madres comunitarias con enfermedades graves, a fin de que ninguna otra mujer muera esperando un derecho adquirido tras décadas de trabajo social.
