¿Qué está pasando con el concurso de la Contraloría de Montería?
Montería enfrenta una controversia creciente por las denuncias públicas que advierten presuntas irregularidades en el concurso para elegir al próximo contralor municipal para el periodo 2026–2029. A pesar de la gravedad de los señalamientos, el Concejo de Montería, encargado de adelantar el proceso no se ha pronunciado al respecto.
La convocatoria, abierta mediante la Resolución 312 del 20 de agosto de 2025, recibió más de 40 postulaciones, entre ellas excontralores y funcionarios de amplia trayectoria. Sin embargo, solo 10 aspirantes fueron admitidos para presentar la prueba de conocimientos, realizada por la Universidad de la Costa (CUC), institución que también ha sido cuestionada en anteriores procesos semejantes.
Tras la prueba de carácter eliminatorio únicamente 5 concursantes superaron el examen. Días después, una de ellos, María Alejandra López, presentó su renuncia al proceso en medio de señalamientos disciplinarios elevado por el sindicato de las contralorías, ASDECCOL.
Actualmente, solo cuatro candidatos siguen habilitados:
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Carlos Vivero Díaz
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Néstor Imbett
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Jorge Mario Galofre Rugeles
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Omar Lozano
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(María Alejandra López renunció al concurso)
Señalamientos de inhabilidades y documentos inconsistentes
Las denuncias conocidas dan cuenta de presuntas inhabilidades graves y fallas formales en las hojas de vida de al menos dos de los aspirantes:
1. Caso Carlos Vivero Díaz
Vivero, actual director del Área de Presupuesto de la Gobernación de Córdoba, estaría inhabilitado para aspirar al cargo.
El Artículo 272 de la Constitución indica que no puede ser elegido contralor quien, dentro del año previo, haya ocupado cargos en la rama ejecutiva departamental o municipal con injerencia en el territorio donde se hará la elección.
Según denuncias radicadas ante la Procuraduría General de la Nación, Vivero debió renunciar un año antes de presentar su aspiración, pues desde su cargo tiene incidencia directa en las inversiones departamentales en Montería.
2. Caso Jorge Mario Galofre Rugeles
Sobre el ex personero de Montería pesa otra queja: habría presentado un formato obsoleto de declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, obligatorio y exigido en la versión vigente para la convocatoria (versión 4.3 – agosto de 2024).
Este error, según normativa, es insubsanable y debería excluirlo del concurso, por lo que ASDECCOL radicó queja disciplinaria y una acción de tutela solicitando su retiro inmediato del proceso.
Renuncias y disputas de poder
La renuncia de María Alejandra López se habría dado para evitar posibles investigaciones disciplinarias, luego de que se señalara que no cumplía con todos los requisitos de la convocatoria.
Mientras tanto, los aspirantes Néstor Imbett y Omar Lozano continúan en el proceso, respaldados por su trayectoria en órganos de control del país.
¿Intervención política?
Diversas fuentes señalan que dos de los aspirantes —Vivero e Imbett— serían cercanos al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, lo que habría generado tensiones entre el mandatario departamental y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.
Según la denuncia, el Gobernador habría tomado ventaja ante la falta de control y rigor del Concejo en el manejo del concurso.
Silencio institucional
A la fecha, ni el Concejo de Montería, ni la Universidad de la Costa, ni la Procuraduría han respondido públicamente a las quejas disciplinarias radicadas.
Las denuncias alertan que, de avanzar el proceso sin revisar las presuntas inhabilidades e inconsistencias, los concejales podrían enfrentar responsabilidades disciplinarias y hasta penales por elegir a un candidato impedido para ejercer el cargo.
Llamado urgente a vigilancia
“La transparencia y la igualdad deben prevalecer”, señalan los denunciantes, quienes insistieron en que los entes de control revisen a fondo las presuntas anomalías antes de la conformación de la terna definitiva.
Mientras el reloj avanza y la polémica crece, la ciudadanía exige claridad y garantías en un proceso crucial para el control fiscal del municipio.