Crisis humanitaria en Montelíbano por incumplimiento de Ayapel en suministro de alimentos a reclusos

Una grave situación humanitaria se vive en la estación de detención transitoria de Montelíbano, donde reclusos permanecen sin acceso a alimentación debido al incumplimiento del municipio de Ayapel de una tutela que le ordenaba asumir esta responsabilidad durante el mes en curso.
Reclusos sin alimentación
La estación, que acoge detenidos provenientes de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, La Apartada y Ayapel, enfrenta una crisis que vulnera los derechos fundamentales de los internos, quienes dependen de la coordinación intermunicipal ordenada por fallo judicial.

De acuerdo con el secretario del Interior y Participación Ciudadana de Montelíbano, Paul Duque, la carceleta atraviesa condiciones precarias por la suspensión del suministro de alimentos, una obligación que debía cumplir el alcalde de Ayapel, Hugo Pinedo, según lo dispuesto por una tutela emitida el 10 de noviembre de 2023.
El fallo judicial estableció que los cinco municipios de la subregión del San Jorge debían compartir responsabilidades en alimentación, aseo, adecuación de instalaciones y brigadas de salud para los reclusos. El acuerdo distribuyó los meses de atención: Montelíbano se encargó de enero a marzo; Puerto Libertador en abril; La Apartada en mayo; San José de Uré en junio; y Ayapel en julio. Desde entonces, la Gobernación de Córdoba ha brindado apoyo temporal.

Sin embargo, Ayapel no ha cumplido con su turno, dejando sin alimentación a los internos y generando un vacío administrativo que profundiza la crisis carcelaria.
“El municipio de Ayapel debe asumir la responsabilidad que le corresponde y no seguir haciéndose el de la vista gorda”, manifestó Paul Duque, al insistir en que la falta de cumplimiento afecta la dignidad humana de los detenidos y recarga injustamente a Montelíbano, que ya ha cumplido con su parte del acuerdo.
La situación ha encendido alertas en la región del San Jorge, donde autoridades locales y organizaciones sociales exigen acciones inmediatas para garantizar las condiciones básicas de los reclusos y el cumplimiento de las órdenes judiciales vigentes.