“Se está llevando a puerta cerrada”, Calle sobre elección del Contralor Departamental
La elección del nuevo contralor departamental de Córdoba vuelve a estar en el ojo del huracán. El diputado Gabriel Calle Aguas alzó su voz de protesta al denunciar que “nuevamente se está llevando a puerta cerrada la elección del Contralor Departamental, por parte de la mesa directiva”, en un proceso que —según él— huele a componenda política y exclusión.
Calle Aguas aseguró que “el propósito es elegir un contralor de bolsillo”, una maniobra que, a su juicio, evita que cordobeses verdaderamente capacitados puedan aspirar a un cargo que debería ser garante de la transparencia y la vigilancia de los recursos públicos. “El cargo exige independencia y meritocracia, pero lo que vemos es un proceso hecho a la medida de intereses políticos”, advirtió.
El diputado anunció que iniciará denuncias públicas sobre las irregularidades del proceso para que toda Córdoba conozca lo que está ocurriendo. Recordó además que hace pocos meses el Consejo de Estado le dio la razón cuando advirtió que la elección de la secretaria general de la Asamblea estuvo viciada, por no cumplir con los principios de publicidad y meritocracia. “Hoy, la historia se repite”, enfatizó.
Pero esta denuncia no es un hecho aislado. La Contraloría en Córdoba atraviesa una profunda crisis de credibilidad. Tanto en Montería, donde Alexander Ramos funge como contralor, como en la Contraloría Departamental —cuyo titular es tan desconocido que ni siquiera su nombre trasciende—, la inoperancia es la norma. Estos entes, creados para vigilar los recursos públicos, se han convertido en pesadas maquinarias burocráticas más preocupadas por cuotas políticas y nóminas que por frenar la corrupción.
La parálisis es tal que el presidente Gustavo Petro ha amenazado con cerrar las contralorías en todo el país, señalándolas como “nidos de burocracia” incapaces de cumplir su misión. En Córdoba, la elección a puerta cerrada del contralor departamental es solo la prueba más reciente de por qué la ciudadanía ha perdido la fe en estos organismos: más sueldos y favores políticos, menos control y transparencia.
Mientras los recursos públicos siguen en riesgo, las contralorías de Montería y del departamento permanecen como costosas estructuras que nadie respeta y que, según las denuncias, se preparan para repetir la historia de siempre: elegir un contralor de bolsillo, blindado por la política y alejado del verdadero interés de los cordobeses.
