Policías enfrentaron procesos disciplinarios y penales por presunto robo de $10 millones en operativo irregular
Dos Policías de la Metropolitana de Montería fueron llamados a responder en un proceso disciplinario interno y en una investigación penal por un presunto hurto de $10 millones ocurrido durante un operativo no autorizado en mayo de 2024.
Los señalados son el subintendente Germán David Mercado Ricardo y el patrullero Juan Andrés Molina Barón, a quienes la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Córdoba les formuló pliego de cargos el pasado 26 de agosto. Según la investigación, ambos abandonaron sin justificación su cuadrante en la Avenida Primera para realizar una intervención en un billar ubicado en la carrera 8 entre calles 29 y 30, fuera de su jurisdicción.
De acuerdo con la denuncia, en medio de la requisa a un conductor, uno de los uniformados habría sustraído la suma de $10 millones y la guardó en un bolsillo de su uniforme. La acusación se apoya en el testimonio de los afectados, grabaciones de cámaras de seguridad del sector y registros del Centro Automático de Despacho (CAD), que confirman la presencia de los policías en un área no autorizada a la 1:25 a. m.
La Oficina de Control Disciplinario Interno considera la conducta como falta gravísima bajo la modalidad de dolo, al establecer que los uniformados eran conscientes de la irregularidad de sus acciones. Llama la atención que, en junio pasado, durante una audiencia, el denunciante manifestó de manera nerviosa su intención de desistir del caso, lo que llevó a los jueces disciplinarios a preguntarle si había recibido amenazas.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación – seccional Córdoba adelanta una investigación por el delito de hurto calificado, actualmente en etapa de indagación.
A pesar del proceso en curso, los dos policías continúan activos en la institución, uno de ellos incluso trasladado a la subestación de Pueblobujo, sitio al que suelen ser enviados uniformados sancionados por indisciplina.
El caso genera preocupación en Montería, pues pone bajo la lupa la conducta de miembros activos de la fuerza pública y plantea interrogantes sobre los controles internos en la Policía Metropolitana.