Bloqueo indígena en el puente San Jorge genera caos vial
Desde las primeras horas de este lunes 27 de enero, se registra un bloqueo por parte de los miembros de la comunidad indígena Zenú del Alto San Jorge en la vía que conecta los municipios de Buenavista y La Apartada, específicamente a la altura del puente San Jorge. Esta acción ha generado un caos vial que afecta el tránsito en ambos sentidos, impactando tanto a vehículos particulares como a transportadores de carga.
Motivo del bloqueo
Los manifestantes exigen la contratación de docentes para las instituciones educativas rurales del Alto San Jorge, una problemática que afecta gravemente el acceso a la educación en sus comunidades, y que según ellos, ha sido ignorada por las autoridades departamentales.
Sin embargo, a través de una resolución oficial, el Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge, liderado por el cacique mayor Rafael Antonio Flórez Polo, se desmarcó de estas acciones de protesta, calificándolas como “punibles y corruptas”. El pronunciamiento generó división de opiniones en la comunidad, mientras las autoridades aún no se han manifestado sobre posibles soluciones o diálogos con los manifestantes.
El bloqueo ha causado enormes retrasos en el tránsito de vehículos particulares y de carga, dejando varados a transportadores y viajeros desde la madrugada. Mientras tanto, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el avance de las negociaciones.
El Departamento de Policía Córdoba sugirió a los conductores tomar la siguiente ruta alterna para evitar retrasos:
🛣️ De Medellín hacia la Costa Atlántica y viceversa: Medellín – Turbo – Arboletes – Lorica.
Además, se hizo un llamado a la prudencia en la conducción, recordando la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas.
Mientras los transportadores y viajeros expresan su frustración ante la situación, el bloqueo resalta la necesidad de atender las demandas de las comunidades indígenas y buscar soluciones que no comprometan la movilidad y la economía de la región.
Las autoridades locales enfrentan el reto de mediar en este conflicto, buscando garantizar tanto el derecho a la protesta como la libre circulación de los ciudadanos.