Posible alteración de videos en el caso de Ingrid Arroyo: abogado exige detención del menor implicado
Según las autoridades, las grabaciones recopiladas solo muestran el antes y después del incidente, lo que ha complicado la recolección de pruebas clave.
La investigación sobre el caso de Ingrid Johana Arroyo, exdirectora del SISBÉN y actual asesora de la Secretaría de Salud de Montería, ha tomado un giro inesperado tras el hallazgo de posibles alteraciones en los videos de seguridad que podrían esclarecer el momento en que fue atropellada el pasado 7 de enero.
Según las autoridades, las grabaciones recopiladas solo muestran el antes y después del incidente, lo que ha complicado la recolección de pruebas clave.
Alteración de videos Ingrid Arroyo
El accidente ocurrió en el barrio El Recreo cuando un menor de 16 años, al volante de una camioneta blanca, embistió a Arroyo tras un altercado por el atropello y muerte de su mascota. La funcionaria, que lo siguió en su motocicleta para reclamarle, fue embestida intencionalmente, según su defensa. Arroyo permanece en recuperación en la Clínica CUMI, mientras el menor implicado no ha sido aprehendido.
El abogado de la víctima, Luis Gustavo Moreno, denunció irregularidades en el manejo de las pruebas y exigió que el joven sea detenido por los cargos de tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas. Moreno calificó la situación como un acto de sevicia y cuestionó la falta de avances en el caso, resaltando la aparente inacción de las autoridades para capturar al responsable.
La ausencia de colaboración del padre del menor, quien se comprometió a entregarlo a las autoridades sin cumplir su palabra, ha generado preocupación entre los familiares de Arroyo. La lentitud en el proceso judicial ha sido criticada por la comunidad, que teme que este hecho quede en la impunidad.
El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública de Montería, donde se exige justicia y mayor transparencia en las investigaciones. La trayectoria profesional de Arroyo, conocida por su liderazgo en programas sociales, ha incrementado la indignación por lo ocurrido y la necesidad de respuestas por parte del sistema judicial.