Investigan millonario contrato en Tuchín por presuntas irregularidades
La Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación han iniciado investigaciones sobre el contrato de “Mejoramiento mediante placa huella de la vía de la comunidad El Porvenir”, adjudicado en julio de 2024 al Consorcio Vía Porvenir 2024, representado por Bernardo Antonio Torres Narváez. Este contrato, con un valor de $2.285 millones financiados con regalías, está bajo la lupa por posibles vicios en su adjudicación y ejecución.
Señalamientos de irregularidades
Veedurías ciudadanas han denunciado manipulaciones en la evaluación técnica y económica del proceso, que habrían favorecido al consorcio ganador. Además, las investigaciones preliminares apuntan a inconsistencias entre los pagos realizados y el avance real de las obras, lo que podría traducirse en un detrimento patrimonial para el municipio.
El acta de la audiencia de adjudicación, celebrada el 12 de julio de 2024, refleja un procedimiento cuestionado por la ausencia de veedurías ciudadanas y observaciones de los proponentes. El comité evaluador, conformado por funcionarios cercanos al alcalde Eligio Antonio Pestana Rojas, aprobó el contrato pese a las alertas previas.
El alcalde Pestana Rojas, quien firmó la resolución de adjudicación, enfrenta acusaciones de perpetuar las prácticas irregulares asociadas al denominado “Clan Pestana”, conocido en la región por escándalos de corrupción y desfalcos de recursos públicos. Su administración ha sido señalada por el manejo de contratos bajo la asesoría de RA Abogados Asociados S.A.S., firma vinculada a otros procesos polémicos en la región.
Líderes sociales y veedores ciudadanos han manifestado su rechazo al manejo de los recursos públicos en Tuchín. “Este contrato representa el saqueo de los recursos que deberían ser para el desarrollo de nuestras comunidades”, señaló un representante de las veedurías.
Por su parte, los entes de control trabajan en la recopilación de pruebas para esclarecer las irregularidades denunciadas y determinar responsabilidades. La comunidad espera sanciones ejemplares que frenen la continuidad de estas prácticas en la administración pública.
Este caso pone en el centro del debate la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en Tuchín. Las investigaciones en curso no solo determinarán el futuro del contrato, sino que también serán un referente para combatir las redes de corrupción que afectan a las comunidades más vulnerables.
