Nayib Bukele: ¿Campos de concentración?
Por: Víctor Daniel Hernández.
Antes de que alleguen comentarios llenos de sevicia tipo: Son unas basuras, ojalá y se pudran en la cárcel, maten a todos esos hijuetantas y demás expresiones como estás que solo dejan ver lo muy emocional y poco racional que es la sociedad en sus argumentos; quiero dejar claro que esta opinión no me hace ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda simplemente es una mirada humanizadora del derecho penal.
Lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador no es del todo admirable, le aplaudo la política de seguridad porque en gran medida ha acabado con la delincuencia, pero ojo, el poder punitivo del estado no puede ser instrumento de venganza y mucho menos utilizado para ganar popularidad política. Esa falsa sensación de justicia que causa el amarillismo de los videos hollywoodenses que difunde Bukele en sus redes sociales, solo
Enceguecen a la población, yo me pregunto, ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? ¿La dignidad humana?, ¿las garantías?, ¿el debido proceso? Sé que muchos dirán y/o pensarán que estoy defendiendo a los delincuentes para que les otorguen amnistías o indultos, pero en lo absoluto, la impunidad no hace parte de mis convicciones.
Sé que Muchos lectores se preguntarán: Bueno y… ¿Dónde quedaron los derechos de los miles de salvadoreños honrados que fueron ultrajados, robados y asesinados? La respuesta es sencilla, aquí no se está reprochando la captura de los pandilleros de la Mara
Salvatrucha que tanto daño han causado a la sociedad, aquí lo que se discute es el autoritarismo “cool” que está imponiendo Nayib en el pueblo y está conllevando a capturas que terminan en condenas erróneas, en donde algunos casos el único argumento del ente acusador es que el capturado posee tatuajes afines a la organización criminal; tener tatuajes en este país de América Central ha creado cierto sesgo y perjuicio, la policía desesperada por mostrar resultados van a los barrios más vulnerables, marginales y pobres a capturar a jóvenes inocentes solamente por ese perjuicio inculcado por el mandatario.
El DIDH tiene en la mira al gobierno de El Salvador por la violación sistemática de derechos fundamentales y por el régimen de excepción abusivo que limita la libertad de asociación, suspende el derecho a una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto e inclusive coarta la asistencia de un abogado. Esta propaganda política debe tener sus límites, está casi que rozando con el populismo y no puede ser motivo de júbilo que un joven termine acusado y sentenciado por algo que no cometió, es importante resaltar que la pena debe ser proporcional al delito, no es justo que alguien sea condenado a pasar hasta tres décadas en centro penitenciario simplemente porque un policía testificó que el indiciado hacia parte de la Mara Salvatrucha.
Una nación que se califica como estado social de derecho no puede dejar a un lado los fines preventivo-especiales o resocializadores de la pena, no puede apartarse de los debidos controles judiciales. Este país afligido por tantos años por la corrupción estatal y
el desvió de las arcas públicas debe ser muy consiente de las necesidades del pueblo pobre que en gran medida conllevaron a la violencia y al terror, lo anterior, no es una justificación, es dejar en evidencia una problemática de fondo.
Hay que apostarle a la reintegración de estos individuos a la sociedad, el simple hecho de que hayan perdido su derecho a la libre locomoción no da lugar para que pierdan su dignidad, independientemente de lo espantoso que haya sido el delito y es esa precisamente la diferencia entre el estado y los grupos al margen de la ley: El respeto a los derechos humanos.
