Aseguramiento de la calidad. Menos normas, mejores procesos
Cuando se habla de aseguramiento de la calidad en la educación superior, suele pensarse en normas, resoluciones y requisitos. Y no es para menos, en los últimos años, el sistema ha cambiado de manera constante sus reglas para obtener y modificar registros calificados y para avanzar en la acreditación de instituciones y programas.
Pero el próximo paso no debería ser expedir más normas. Debería ser hacer que las existentes funcionen mejor. Las instituciones de educación superior han enfrentado demoras prolongadas en los trámites de registro calificado.
El Decreto 0529, concebido para agilizar la creación de nuevos programas, terminó enfrentando vacíos en aspectos como las modificaciones de programas existentes y trasladando buena parte de la gestión a una plataforma que aún tiene retos de interoperabilidad con sistemas como el SNIES.
Con el cambio de gobierno se suma un nuevo periodo de ajuste institucional en el Ministerio de Educación. La renovación de su equipo directivo y del Viceministerio de Educación Superior genera expectativas en un sector que necesita continuidad y claridad.
Recientemente se informó sobre la agilización de procesos que llevaban hasta tres años en espera. El desafío es que la solución no sea coyuntural, las instituciones necesitan que los trámites fluyan de manera permanente y predecible.
No deja de ser paradójico que a las universidades se les exija ser ágiles, flexibles e innovadoras mientras los procesos administrativos que regulan buena parte de su actividad avanzan con lentitud.
Hoy tenemos una generación de estudiantes con nuevas expectativas, múltiples alternativas de formación y una relación distinta con el conocimiento y el mundo laboral.
El sistema de aseguramiento debe estar a la altura de esa transformación. Por eso, el reto es principalmente administrativo. El Ministerio no solo formula la política de educación superior; también opera buena parte del sistema.
Allí hay una oportunidad para revisar procesos, tiempos, herramientas tecnológicas y responsabilidades, y para convertir la gestión del aseguramiento en un factor que facilite, en lugar de frenar, la innovación institucional.
Hay además una conversación pendiente sobre los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad (SIAC). Desde el Decreto 1330 de 2019, estos sistemas adquirieron un papel central en la construcción de una cultura de autoevaluación y autorregulación.
Su evolución debería implicar también diálogo y aprendizaje frente a otros modelos de gestión de calidad. Las universidades públicas cuentan con referentes como el MIPG y muchas instituciones privadas trabajan con modelos basados en normas ISO.
Son sistemas distintos, pero comparten un propósito, mejorar la calidad del servicio que reciben aspirantes, estudiantes y graduados.
El país necesita, entonces, menos dispersión y más articulación. Un aseguramiento de la calidad que combine reglas claras, procesos ágiles y sistemas capaces de aprender entre sí. Ese debería ser el siguiente paso, que la calidad no sea solo un requisito que se tramita, sino una gestión que realmente transforme la educación superior.