No podemos convertir cada desventaja productiva en un arancel y después obligar a 50 millones de colombianos a pagar la cuenta
Por: Ciro De León
QUIÉN PAGA EL PROTECCIONISMO? EL CONSUMIDOR. Y SOBRE TODO, EL MÁS POBRE.
Qué difícil resulta hacer entender las bondades del libre comercio para el más pobre
Todavía existe la idea de que importar es malo y que proteger al productor nacional, casi a cualquier costo, es defender al país. Pero pocas veces hacemos la pregunta verdaderamente importante:
¿Quién paga esa protección?
La respuesta es sencilla: la paga el consumidor.
Pongamos el ejemplo del arroz.
Hoy, gracias a la posibilidad de importar y a la competencia que generan los tratados comerciales, el consumidor colombiano puede conseguir arroz alrededor de $1.300 la libra. Supongamos que cerramos esa competencia o imponemos fuertes aranceles y el precio termina en $2.000 o $2.500.
¿A quién golpeamos con mayor fuerza?
No al rico.
El arroz representa una proporción mucho mayor de la alimentación y del presupuesto de los hogares de menores ingresos. Por eso, cuando encarecemos artificialmente un alimento básico para proteger a quien lo produce, terminamos cobrando una especie de impuesto oculto precisamente a quienes menos tienen.
Y el problema no termina en el arroz.
Colombia importa buena parte del maíz y la soya que utiliza para alimentar pollos y cerdos. Esas importaciones se transforman en pollo, huevos y carne de cerdo que llegan a la mesa de millones de colombianos.
Si encarecemos artificialmente el maíz y la soya para proteger una producción nacional que no logra competir en costos, terminamos trasladando esa protección al precio del desayuno, el almuerzo y la comida de las familias.
Aquí está la gran virtud del libre comercio:
beneficia al consumidor y exige al productor.
Al consumidor le permite comprar donde encuentre mejor precio y calidad.
Y al productor le manda un mensaje directo y necesario: sea eficiente, innove y produzca aquello en lo que realmente tenemos ventajas.
No podemos convertir cada desventaja productiva en un arancel y después obligar a 50 millones de colombianos a pagar la cuenta.
Si nuestra naturaleza nos permite producir palma, coco, cacao, frutas ecuatoriales, ganadería u otros productos con enormes ventajas, explotemos esas fortalezas. Pero si para producir determinados bienes necesitamos gastar cantidades extraordinarias de agua, energía, infraestructura o subsidios simplemente para acercarnos al costo internacional, debemos preguntarnos si estamos utilizando correctamente nuestros recursos.
Adam Smith lo explicó con las ventajas absolutas y David Ricardo profundizó el concepto con las ventajas comparativas.
Una nación no se hace rica tratando de producirlo todo. Se hace rica produciendo eficientemente aquello en lo que tiene ventajas e intercambiándolo por aquello que otros producen mejor y más barato.
Nuestra clase política, con todos sus defectos y problemas de corrupción, tomó con la apertura económica y posteriormente con los tratados de libre comercio una decisión que terminó beneficiando enormemente al ciudadano común.
Porque un TLC no solamente permite importar.
Obliga a competir a nuestros empresario sean grandes o chicos
Y la competencia es quizá la mejor defensa que tiene el consumidor frente a precios artificialmente altos.
El libre comercio es la política social más efectiva.
No necesita funcionarios repartiendo subsidios.
No necesita crear otra entidad pública.
No necesita quitarle primero dinero al ciudadano mediante impuestos para después anunciar que se lo está devolviendo.
Simplemente permite algo mucho más simple:
que el salario de la gente compre más.
Cuando protegemos al productor ineficiente, alguien tiene que pagar esa ineficiencia.
Y ese alguien casi siempre es el consumidor.
Por eso, antes de pedir un nuevo arancel, deberíamos hacernos una pregunta muy sencilla:
¿Estamos protegiendo al productor… o estamos castigando al consumidor?