¡Justicia siete años después! Condenan a la Nación por muerte de hombre en procedimiento policial en Tierralta
Siete años después de la muerte de Gustavo Antonio Herrera Negrete durante un procedimiento policial en El Caramelo, zona rural de Tierralta, un juzgado administrativo determinó que hubo un uso desproporcionado de la fuerza. La Nación deberá indemnizar con 1.150 salarios mínimos a 17 familiares y la Policía tendrá que realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
Un fallo judicial puso nuevamente sobre la mesa el caso de Gustavo Antonio Herrera Negrete, un hombre de 53 años que falleció el 4 de abril de 2019 después de recibir un disparo durante un procedimiento policial en el corregimiento El Caramelo, Tierralta, Córdoba.
El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Montería, mediante sentencia de la jueza Iliana Argel Cuadrado, condenó a la Nación, Ministerio de Defensa y Policía Nacional al considerar que los uniformados hicieron un uso desproporcionado e irracional de la fuerza durante el procedimiento.

De acuerdo con lo establecido en la sentencia, Herrera Negrete atravesaba una crisis relacionada con una condición de salud mental que era conocida en la comunidad. Los policías llegaron al lugar atendiendo un llamado ciudadano, pero, según el fallo, no agotaron otras alternativas antes de recurrir a sus armas de fuego, pese a contar con superioridad numérica y física.
Durante el proceso, el intendente involucrado reconoció haber realizado varios disparos. Uno de los proyectiles impactó a Herrera Negrete en el pecho y provocó su fallecimiento. La Fiscalía calificó el hecho como homicidio, de acuerdo con el informe de necropsia citado en el proceso.
Más de $2.000 millones de indemnización
El juzgado rechazó el argumento de legítima defensa presentado por la Policía y concluyó, además, que los uniformados no tenían la preparación necesaria para enfrentar adecuadamente situaciones relacionadas con personas que atraviesan crisis de salud mental.
Como reparación, la Nación deberá reconocer 1.150 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 17 familiares de Herrera Negrete, entre ellos sus hijos, esposa y hermanos. Tomando como referencia el salario mínimo de 2026, la indemnización supera los $2.013 millones.

El fallo también contempla una reparación que va más allá del dinero: la Policía Nacional deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas en el corregimiento El Caramelo.
Este acto deberá efectuarse dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, en la misma comunidad donde ocurrió el procedimiento que terminó con la vida de Gustavo Antonio Herrera Negrete.