Lo digo sin rodeos: soy un hombre de paz y de diálogo. Vengo del sur de Montería, de una familia que conoce de cerca lo que significa la ausencia del Estado, y he creído siempre que la salida negociada a la violencia es preferible a cualquier otra. Pero hay una frontera que no se puede seguir cruzando impunemente: cuando el diálogo deja de ser una herramienta de paz y se convierte en una coartada para que los grupos armados ganen tiempo, territorio y capacidad criminal, el Estado no solo tiene el derecho de usar la fuerza legítima que la Constitución le confiere. Tiene la obligación de hacerlo.
Esta semana, el presidente electo Abelardo De la Espriella le dio un mes a los grupos armados ilegales del país para organizar su sometimiento a la justicia, advirtiendo que en su gobierno no habrá “ofertas generosas ni concesiones inaceptables”. El mensaje llega en un momento en que la política de “paz total” del gobierno saliente atraviesa su hora más difícil: diálogos estancados con el ELN, negociaciones sin resultados concretos con las disidencias de las FARC, y un Clan del Golfo que, lejos de sometimerse, fue declarado organización terrorista por Estados Unidos mientras seguía expandiendo el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en buena parte del territorio nacional.
No escribo esto para hacer campaña por nadie. Escribo esto porque, como concejal de una región que ha sentido en carne propia el peso de la violencia armada, creo que hay una lección que Colombia no puede seguir aplazando: el diálogo solo tiene sentido cuando hay voluntad real de paz en ambas partes. Cuando un grupo armado se sienta a negociar mientras sigue reclutando menores, extorsionando comerciantes y disputando territorio con las armas, no está dialogando. Está comprando tiempo. Y cada mes que el Estado le regala a esa lógica es un mes más de zozobra para comunidades como las nuestras, que no figuran en los titulares pero que sí pagan el costo de la guerra a diario.
La fuerza del Estado
El sometimiento a la justicia —no la negociación política con estatus de actor armado— debe ser la puerta de salida ofrecida a quien quiera dejar las armas. Eso es distinto a la rendición incondicional sin garantías, y también es distinto a la mesa eterna que termina legitimando a quien nunca tuvo intención de desmovilizarse. El fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía no es un capricho autoritario ni una nostalgia de mano dura: es la precondición para que cualquier proceso de paz futuro se haga desde una posición de autoridad del Estado, no de súplica.
Ningún grupo armado al margen de la ley puede ni debe estar por encima del Estado de derecho. Esa no es una posición de derecha ni de izquierda: es la base mínima de cualquier república que se respete. Defender el diálogo como vocación no significa renunciar a la fuerza legítima como herramienta cuando el diálogo es burlado. Son las dos caras de una misma convicción: la paz se construye con autoridad, no con resignación.