Caen presuntos cobradores del Clan del Golfo: los señalan de extorsionar a comerciantes y finqueros en Córdoba
Las autoridades avanzan en la ofensiva contra las redes de extorsión que operan en Córdoba. Dos hombres señalados de cobrar dinero mediante amenazas a comerciantes, finqueros y contratistas fueron judicializados por su presunta participación en actividades atribuidas al Clan del Golfo.
Dos hombres señalados de presuntamente integrar una red de extorsión que operaba en varias zonas del sur de Córdoba fueron enviados ante la justicia. Según la investigación, estarían vinculados al cobro de exigencias económicas a comerciantes, ganaderos, finqueros y contratistas bajo amenazas e intimidaciones atribuidas al Clan del Golfo.
Los procesados fueron identificados como Beder David Jaraba y Andrés Ricardo Baranoa, quienes, de acuerdo con las autoridades, harían parte de la subestructura Rubén Darío Ávila Martínez de esa organización criminal.
Extorsionaba comerciantes, ganaderos
La investigación señala que ambos cumplirían funciones relacionadas con el recaudo de dinero producto de extorsiones dirigidas a diferentes sectores productivos de la región. Las víctimas, según el expediente, habrían recibido amenazas de muerte y presiones para entregar sumas de dinero a cambio de no ser atacadas.
Los hechos investigados se habrían presentado entre marzo de 2025 y abril de 2026 en municipios como Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, territorios donde históricamente han existido denuncias relacionadas con la presencia de estructuras armadas ilegales.
Las capturas se realizaron en diferentes departamentos del país. Beder David Jaraba fue detenido en Armenia, Quindío, mientras que Andrés Ricardo Baranoa fue ubicado y capturado en Caucasia, Antioquia, en medio de operativos adelantados por la Policía Nacional.
Durante las audiencias judiciales, la Fiscalía les atribuyó los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Sin embargo, ninguno de los dos aceptó los cargos que les fueron imputados.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las extorsiones que afectan a comerciantes, productores y empresarios en algunas zonas de Córdoba, donde las autoridades mantienen operaciones para debilitar las estructuras criminales que buscan obtener recursos mediante amenazas y violencia.