¡URRÁ EN EL OJO DEL HURACÁN! Control estatal, alertas ignoradas y decisiones bajo sospecha
Las inundaciones en Córdoba dejaron más que pérdidas materiales y miles de familias afectadas. Volvieron a encender un debate de fondo sobre quién toma las decisiones en la hidroeléctrica Urrá y bajo qué criterios se está operando el embalse del río Sinú.
De acuerdo con informes oficiales, Urrá S.A. E.S.P. es una empresa con control prácticamente total del Gobierno Nacional. El Ministerio de Hacienda concentra más del 99 por ciento de las acciones y tiene mayoría en la junta directiva. Esto significa que las decisiones estratégicas sobre niveles del embalse, manejo del riesgo y operación hidráulica dependen directamente del Ejecutivo.
En paralelo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales confirmó que desde el año 2020 venía advirtiendo fallas en la operación. Seis conceptos técnicos alertaron sobre incumplimientos en la Curva Guía Máxima, el nivel que permite garantizar capacidad de respuesta ante crecientes.
Los reportes indican que durante 2025 los sobrepasos ocurrieron cerca del 30 por ciento del tiempo evaluado. Según la autoridad ambiental, estos eventos no estuvieron asociados únicamente a fenómenos extremos sino a decisiones operativas dentro de la hidroeléctrica. Hoy cursa un proceso sancionatorio por presunto incumplimiento sistemático.
El manejo gerencial también entra en la discusión. La salida de Juan Carlos Acevedo Rocha se dio en medio de cuestionamientos. Actualmente la empresa está bajo la presidencia encargada de Enrique Kerguelén Méndez, en un momento crítico para la credibilidad institucional.
Desde el territorio, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara ha insistido en que el control de la hidroeléctrica recae en el Gobierno Nacional y que no se puede trasladar la responsabilidad a las regiones. Mientras tanto, comunidades ribereñas denuncian falta de alertas oportunas, pérdidas millonarias en cultivos y afectaciones a pequeños empresarios.
La discusión ya no es solo técnica. Los informes, las decisiones y los tiempos de reacción ponen sobre la mesa un componente político que exige respuestas claras.
La pregunta sigue abierta en Córdoba, si la emergencia fue consecuencia de la naturaleza o el resultado de decisiones que pudieron haberse tomado a tiempo.
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