¡Se caen las acusaciones! Consejo de Estado mantiene en sus cargos a tres diputados de Córdoba tras polémica por elección en la Asamblea
Luego de meses de cuestionamientos y un proceso judicial que puso bajo la lupa sus actuaciones, tres diputados de Córdoba conservarán sus curules tras un fallo definitivo que cierra uno de los episodios más discutidos en la política departamental reciente.
El pulso jurídico llegó a su fin. El Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la decisión que negó la pérdida de investidura de los diputados Carolina Zapata Ruiz, Juan Antonio Flórez Sierra y Gabriel Enrique Calle Aguas, quienes estaban siendo investigados por presuntas irregularidades en la elección de la secretaria general de la Asamblea de Córdoba para 2024.
El caso había generado controversia luego de que la mesa directiva modificara las reglas del proceso, eliminando una prueba de conocimiento dentro de la convocatoria pública. Esta decisión terminó provocando la anulación del nombramiento, encendiendo dudas sobre la transparencia del procedimiento.
Sin embargo, el alto tribunal concluyó que no existen pruebas suficientes para sancionar a los diputados. Según el fallo, no se logró demostrar que hubieran actuado con intereses personales, ni que buscaran beneficios indebidos para ellos o terceros durante el proceso.
Además, la decisión descarta posibles delitos como tráfico de influencias o uso indebido de recursos públicos, señalando que las actuaciones de los implicados se dieron en el marco de sus funciones dentro de la corporación.
En medio de la defensa, Gabriel Calle aseguró que no participó de manera favorable en la elección y que, por el contrario, presentó objeciones. Por su parte, Juan Antonio Flórez negó cualquier relación cercana con la persona elegida, mientras que la defensa de Carolina Zapata insistió en la ausencia de pruebas en su contra.
Con este fallo, los tres diputados mantienen su investidura, en un caso que deja más preguntas que respuestas sobre los procesos internos de la Asamblea, pero que jurídicamente queda cerrado sin sanciones.
