Los entornos laborales, en distintos sectores, no están exentos de relaciones de poder que pueden derivar en abusos. Empresas, instituciones públicas y organizaciones privadas enfrentan hoy el desafío de revisar sus prácticas internas frente a denuncias que, durante años, permanecieron en silencio. Sin embargo, cuando estos hechos ocurren en los medios de comunicación, como los recientemente denunciados en una de las principales casas periodísticas del país, la discusión adquiere una dimensión particular, porque no solo se trata de organizaciones que gestionan talento, sino de instituciones que producen relatos, moldean agendas, influyen en la opinión pública y configuran imaginarios sociales.
Los recientes hechos que han sacudido a Caracol Televisión no pueden leerse únicamente como un episodio aislado. Las denuncias por presunto acoso sexual y las decisiones institucionales adoptadas —en un contexto que exige pleno respeto por el debido proceso— abren una conversación más amplia sobre las dinámicas de poder en las redacciones. No se trata de anticipar juicios, sino de reconocer que estos episodios suelen ocurrir en espacios donde las jerarquías, los silencios y ciertas normalizaciones han operado históricamente.
La literatura académica aporta conceptos que enriquecen el análisis y el debate. Couldry (2003) advierte que los medios no son simples canales de información, sino espacios donde el poder simbólico se legitima y la visibilidad se convierte en un recurso con efectos reales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (2022) documenta que la violencia contra mujeres periodistas ocurre con frecuencia dentro de las redacciones, muchas veces ejercida por colegas o superiores, en contextos donde la tolerancia institucional dificulta la denuncia. La Unesco (2021) señala que estas formas de violencia no solo afectan la integridad de las periodistas, sino que también limitan su libertad de expresión y su participación en la vida pública.
Medios, poder y silencios
Ante este panorama, la academia no puede permanecer al margen. Las facultades de comunicación social y periodismo tienen la responsabilidad de abordar estos temas con rigor, sin sustituir a las instancias judiciales, pero sí formando criterio. Como plantea Dejusticia (2022), la universidad es un espacio fundamental para la construcción de ciudadanía y la transformación de prácticas que reproducen desigualdades. En consecuencia, el aula debe convertirse en un escenario de discusión abierta sobre ética profesional, relaciones de poder, enfoque de género, protocolos institucionales y responsabilidad colectiva frente a situaciones de abuso.
Formar comunicadores hoy no es solo enseñarles a narrar la realidad, sino también a reconocer cuándo el poder desborda sus límites. Porque si durante años el silencio fue parte del sistema, la formación no puede seguir siéndolo. La credibilidad del periodismo no se pone en juego únicamente en lo que cuenta, sino en lo que está dispuesto a cuestionar, incluso cuando la mirada se dirige hacia su propio ecosistema.
