Procuraduría inhabilita por seis años a exalcaldes de Canalete por irregularidades en millonario convenio
La sanción está relacionada con la fallida construcción del Centro de Integración Ciudadana y obliga al pago solidario de más de $1.489 millones
La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a los exalcaldes de Canalete, Armando Lambertínez Bolaño y Edgardo Ely, con una inhabilidad de seis años para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado, por presuntas irregularidades en un convenio destinado a la construcción del Centro de Integración Ciudadana (CIC).
Exalcades inhabilitados
De acuerdo con la decisión emitida el 29 de diciembre de 2025 (Auto No. URF2-1871), los exalcaldes deberán además responder de manera solidaria por el pago de $1.489.729.000, correspondientes a los recursos comprometidos en el convenio F-211 de 2013, suscrito entre el Ministerio del Interior – a través del FONSECON – y el municipio de Canalete.
La Procuraduría concluyó que durante las vigencias 2014 y 2015 se presentaron graves fallas administrativas en la ejecución del proyecto, cuyo objetivo era dotar al municipio de un espacio para fortalecer la convivencia ciudadana y la seguridad, obra que finalmente no cumplió con los fines para los cuales fue contratada.
Impacto político en el Concejo Municipal
La decisión disciplinaria no solo tiene efectos jurídicos, sino también repercusiones políticas en el municipio. Armando Lambertínez, quien actualmente se desempeña como concejal, queda automáticamente inhabilitado, lo que obliga al Concejo Municipal de Canalete a declarar la vacancia absoluta de su curul.
Según el procedimiento legal, el presidente del Concejo deberá realizar el llamado al aspirante que haya obtenido la mayor votación en las elecciones territoriales de 2023, reconfigurando así la composición política de la corporación.
Con este fallo, la Procuraduría reiteró su llamado a la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y advirtió que continuará ejerciendo control disciplinario estricto sobre los proyectos financiados con dineros del Estado, especialmente aquellos destinados al bienestar y la seguridad de las comunidades.