Saray Robayo exige frenar cambios en uso de tierras de Córdoba por crisis de inundaciones.
La representante a la Cámara por Córdoba, Saray Robayo Bechara, en medio de la crisis por inundaciones, ha alzado una voz de protesta frente a la intención del Gobierno Nacional de modificar el uso del suelo en el departamento. La congresista denunció que el proyecto para crear Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 17 municipios no cuenta con las garantías necesarias para un debate justo.
Pide al Ministerio de Agricultura suspender proceso de ordenamiento rural en Córdoba
Robayo denunció que el futuro productivo de 670 mil hectáreas está en juego bajo nuevas normativas. Cuestionó la falta de coherencia del Gobierno al mantener como fecha límite el 20 de febrero para la participación ciudadana, ignorando que la emergencia actual impide a las comunidades intervenir en el proceso. La denuncia recalca que no es posible exigir una participación ciudadana efectiva cuando gran parte del territorio cordobés se encuentra bajo el agua, con vías de acceso bloqueadas y graves fallas de conectividad. Según la representante, los habitantes están volcados en salvar sus viviendas y su sustento, lo que imposibilita cualquier análisis técnico o discusión profunda sobre el futuro productivo de sus tierras.
Ante este panorama, Robayo radicó una solicitud formal ante el Ministerio de Agricultura exigiendo la suspensión inmediata del proceso hasta que se supere la emergencia. La congresista argumenta que el ordenamiento rural debe ser el resultado de un diálogo transparente y pausado, y no de un trámite acelerado que excluya a los principales afectados. Para ella, el enfoque actual del Ejecutivo ignora la vulnerabilidad de miles de familias que hoy no tienen las condiciones mínimas para ser escuchadas por el Estado.
Finalmente, el llamado es a que el Gobierno Nacional priorice la asistencia a los damnificados y la recuperación de la infraestructura agrícola dañada por las inundaciones. La representante insiste en que cualquier decisión sobre el ordenamiento territorial debe postergarse hasta que el departamento recupere la estabilidad, asegurando que solo así se podrá garantizar una participación real y democrática de las comunidades cordobesas en la definición de su futuro económico y social.