En medio de la actual crisis ocasionada por las inundaciones que afectan a diversas
regiones del país, surge una discusión necesaria y profundamente humana: ¿puede
la democracia avanzar sin mirar las condiciones reales de quienes la sostienen?
Las autoridades han reiterado su intención de mantener el calendario electoral,
argumentando que se trata de un proceso fijado por ley y cuya modificación no es
sencilla. Sin embargo, más allá de la legalidad, esta decisión plantea un debate ético
y social que no puede ignorarse.
Resulta preocupante que se priorice la continuidad del proceso democrático sin
garantizar plenamente condiciones dignas y seguras para miles de ciudadanos que
hoy enfrentan pérdidas materiales, desplazamientos y crisis humanitarias. Hablar
de participación electoral en territorios donde muchas familias luchan por proteger
su vida y su sustento evidencia una posible desconexión entre la institucionalidad y
la realidad social del país. La democracia no solo consiste en cumplir fechas, sino
en asegurar que todos los votantes puedan ejercer su derecho en condiciones
justas, accesibles y humanas.
La situación golpea con especial fuerza a los campesinos, quienes no solo enfrentan
la pérdida de sus cultivos y animales, sino también el aislamiento provocado por el
deterioro de las vías rurales. Carreteras destruidas, puentes colapsados y caminos
convertidos en trochas intransitables no solo dificultan el transporte de alimentos y
el acceso a servicios básicos, sino que también ponen en riesgo la posibilidad real
de que estas comunidades puedan desplazarse para ejercer su derecho al voto.
Cuando los caminos desaparecen, también se debilitan la participación y la
representación de quienes sostienen gran parte de la seguridad alimentaria del país.
No podemos olvidar que detrás de cada cifra hay historias de dolor. Hay hogares
destruidos, sueños aplazados y miles de familias que han perdido parte de su
historia y tranquilidad. Niños que ven interrumpida su rutina, adultos mayores que
enfrentan mayor vulnerabilidad y padres de familia que intentan reconstruir lo que
el agua se llevó. El sufrimiento de las comunidades damnificadas debe ser un
llamado urgente a la empatía y a la responsabilidad colectiva, recordándonos que
las decisiones institucionales deben estar acompañadas de sensibilidad social.
La Registraduría Nacional ha sido clara en su postura: las elecciones no pueden
suspenderse ni aplazarse, pues el calendario electoral está establecido por la ley y no contempla su modificación, incluso ante situaciones complejas de orden público
o de emergencias.
Lastimosamente, esta posición, aunque jurídicamente
sustentada, abre un debate social necesario sobre la capacidad del Estado para
garantizar que el ejercicio democrático no termine desconociendo las realidades
que hoy enfrentan miles de ciudadanos en territorios golpeados por desastres
naturales.
Es cierto que, en situaciones de clima extremo, históricamente se han implementado
medidas como el traslado de puestos de votación, ajustes logísticos o
reprogramaciones parciales para garantizar el desarrollo del proceso electoral. No
obstante, estas soluciones deben evaluarse con responsabilidad y con un enfoque
que priorice la dignidad de las personas afectadas, evitando que el ejercicio
democrático se convierta en una carga adicional para quienes atraviesan momentos
de angustia e incertidumbre.
Amigos, la fortaleza de una democracia no se mide únicamente por su capacidad
de cumplir calendarios, sino por su compromiso con la protección de sus
ciudadanos, especialmente en los momentos más difíciles, como los que se viven.
Tal vez el verdadero desafío no sea decidir si se vota o no en medio de una
emergencia, sino demostrar que el sistema puede adaptarse sin perder su esencia:
representar, escuchar y cuidar a su gente, toda su gente.
Hoy, mientras el agua se lleva cultivos, hogares y esperanzas, también pone a
prueba la sensibilidad de nuestras decisiones colectivas, porque no hay verdadera
democracia si quienes alimentan al país no pueden siquiera llegar a las urnas. Que
la solidaridad nos una como nación y que, con la ayuda de Dios, vuelva a salir el sol
sobre los territorios afectados y cesen las lluvias que hoy mantienen en zozobra a
tantas comunidades.
Sembrar justicia es el único camino para cosechar una verdadera representación
