La política no es un cuento de hadas: los matices importan
Por: Tommy Calderón
Con frecuencia hablamos de política como si se tratara de una historia de buenos y malos. Unos aparecen como héroes impecables y otros como villanos absolutos. Esa forma de ver el mundo puede resultar cómoda, pero limita la comprensión de realidades que, en verdad, son mucho más complejas. La vida pública exige matices: reconocer que puede haber decisiones acertadas en gobiernos que no compartimos y errores profundos en proyectos que, en su momento, pudieron generar esperanza.
El caso de Venezuela es un ejemplo claro de ello. Es comprensible —y legítimo— que muchas personas celebren la salida de Nicolás Maduro. Durante su mandato se agravaron el cierre democrático, la persecución a la oposición y la crisis económica y social, además de múltiples denuncias de corrupción y vulneración de derechos. Ese dolor acumulado no puede desconocerse ni relativizarse.
En paralelo, la acusación presentada por la justicia estadounidense ha venido ajustando su forma de describir el llamado “Cartel de los Soles”, pasando de una narrativa centrada en una estructura criminal definida a otra que pone el acento en redes de corrupción y clientelismo vinculadas al narcotráfico. Aun así, los cargos centrales siguen vigentes, y hoy Maduro enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos tras su captura y traslado fuera del país.
Aquí vale la pena hacer una pausa. La gran mayoría de quienes observamos este proceso no conocemos la totalidad de las pruebas que maneja la fiscalía norteamericana. No sabemos qué testimonios, documentos o acuerdos de cooperación sustentan cada acusación. En un Estado de derecho, la responsabilidad de demostrar los hechos recae sobre la justicia. Son los fiscales quienes deberán explicar, con evidencias sólidas, los delitos que atribuyen a Maduro y las decisiones tomadas en el marco de ese proceso. Nuestro papel, desde afuera, no es dictar sentencia en redes sociales, sino confiar en el curso institucional y exigir rigor probatorio.
También es cierto que, durante años, pese a la magnitud de la crisis venezolana y a la acumulación de denuncias, no hubo una intervención directa de este tipo. La apelación a la soberanía se sostuvo durante mucho tiempo, incluso en momentos de máxima tensión. Que la situación haya cambiado ahora no responde únicamente a consideraciones éticas o humanitarias; es evidente que existen intereses geopolíticos y económicos de fondo —entre ellos, los relacionados con el petróleo— que ayudan a entender el contexto en el que se produce este desenlace.
Ese escenario invita a mirarnos también como país. En Colombia, cualquier ciudadano puede criticar al gobierno, cuestionar decisiones, expresar desacuerdos profundos o incluso asumir una postura de oposición firme. Eso hace parte de la democracia y es, de hecho, uno de sus pilares. Pero nada de ello implica, ni debería implicar, pedir intervención extranjera o celebrar públicamente la idea de que una potencia externa “resuelva” nuestros conflictos internos.
Se puede ser opositor, inconforme, distante o incluso radicalmente crítico frente al gobierno colombiano, y aun así reconocer que el presidente (nos guste o no) llegó al poder mediante una elección legítima. La salida o la continuidad de un gobierno deben tramitarse a través de las instituciones, la participación ciudadana y los mecanismos previstos por la Constitución, no mediante llamados a que actores externos capturen a nuestros mandatarios o intervengan en nuestra vida política.
La soberanía no se protege únicamente rechazando intervenciones militares abiertas; también se protege evitando pedirlas. Significa confiar en la capacidad del país para procesar sus discrepancias dentro de sus propias reglas, sin delegar su destino en manos ajenas.
Por eso, los matices importan. Podemos reconocer los abusos y errores del gobierno de Maduro, solidarizarnos con el sufrimiento del pueblo venezolano, confiar en que la justicia demuestre, con evidencia, aquello que afirma, y al mismo tiempo entender que detrás de cada acontecimiento regional operan intereses estratégicos que rara vez son neutros. Del mismo modo, podemos ser críticos u opositores al gobierno colombiano sin cruzar la línea de pedir tutelas externas sobre nuestra democracia.
Quizá la verdadera madurez política consista justamente en eso: sostener varias verdades a la vez, sin caer en relatos simples de héroes y villanos, y sin olvidar que la soberanía, propia y ajena, también se honra en la manera en que elegimos debatir nuestras diferencias.
