El departamrnto será clave en la fase piloto del diálogo entre el Gobierno y el ‘Clan del Golfo’
El departamento de Córdoba entrará de lleno en el nuevo piloto del Espacio de Conversación Sociojurídico con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anunció este lunes el Gobierno Nacional desde Doha, Catar. La decisión implica la creación de nuevas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y la inclusión de cinco municipios cordobeses en la hoja de ruta de este proceso de diálogo.
El Gobierno confirmó que se suspenderán de manera temporal las órdenes de captura y solicitudes de extradición para los miembros del EGC que se acojan al mecanismo, con el fin de facilitar su concentración y el seguimiento de los compromisos adquiridos.
Las nuevas ZUT estarán ubicadas en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). A partir del 1 de marzo comenzará el traslado gradual de integrantes del grupo armado ilegal hacia estos puntos, donde permanecerán bajo monitoreo institucional.
Aunque inicialmente solo Tierralta hacía parte del plan, la ampliación del piloto incorporó a cuatro municipios adicionales: Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. Con esto, el sur de Córdoba se convierte en una de las zonas más representativas dentro del esquema. En Antioquia se sumarán Cáceres, El Bagre y Nechí; y en Bolívar, El Carmen de Bolívar y San Jacinto.
El Gobierno expedirá en los próximos días un acto administrativo con la delimitación detallada de las áreas rurales escogidas y un primer listado de miembros del EGC acogidos al proceso, documento que será actualizado conforme avance la fase de concentración.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, celebró la inclusión del departamento, pero advirtió que el respaldo de su administración dependerá de resultados tangibles.
“Esperamos gestos reales, como la reducción de la extorsión y mayor inversión social en los territorios más golpeados por la violencia”, afirmó. También propuso que la socialización del acuerdo se realice directamente en Córdoba, con presencia del Gobierno, la mesa negociadora y líderes comunitarios.
Zuleta sostuvo que iniciativas como “Córdoba escucha”, que recoge las preocupaciones de las comunidades afectadas por el conflicto, se mantendrán activas para garantizar que el proceso tenga impacto territorial y responda a las necesidades reales de la población.
