Urrá S.A. se defendió ante señalamientos de ‘politiquería’ y Contraloría
La empresa URRÁ S.A. E.S.P. salió al paso de recientes publicaciones que según afirmó contienen información “imprecisa, incompleta o a medias”, lo que ha generado interpretaciones erróneas sobre su actuación durante la aplicación del Estatuto de Situación de Riesgo de Desabastecimiento (ESRD) en 2024. En un comunicado público, la compañía aseguró que dichas versiones omiten datos técnicos esenciales y afectan de manera injustificada su reputación.
URRÁ enfatizó que no registró detrimento patrimonial durante la vigencia 2024 por la implementación del ESRD. Esta afirmación indicó está sustentada en el informe de la Contraloría General de la República, que auditó su gestión comercial y operativa sin encontrar hallazgos de responsabilidad fiscal y aprobó la cuenta correspondiente al año auditado.
Un comportamiento hidrológico distinto al del resto del país
La empresa explicó que la situación de su embalse durante la aplicación del ESRD no era comparable con las condiciones nacionales. Mientras en buena parte del país predominaba una fuerte sequía, la central hidroeléctrica registraba niveles superiores a los máximos permitidos, lo que representaba riesgo de rebosamiento y posibles impactos a comunidades aguas abajo.
En ese escenario, URRÁ ofreció precios de energía acordes con la mayor disponibilidad hídrica, recordando que en el mercado eléctrico los precios disminuyen cuando hay abundancia de agua y aumentan en épocas de escasez.
Ofertar precios altos en medio de un embalse excedido —añadió— habría sido considerado un acto de especulación, podría haber generado sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos y habría contravenido las directrices gubernamentales para contener los costos a los usuarios.
Sin irregularidades y con supervisión permanente
La empresa también recordó que la Contraloría ya había descartado un eventual detrimento patrimonial en una auditoría previa, y que incluso por iniciativa interna se solicitaron informes técnicos adicionales que confirmaron que no hubo prácticas indebidas en su operación ni durante la aplicación del ESRD.
URRÁ subrayó que todo el proceso fue conocido y supervisado por su Junta Directiva, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía, la Revisoría Fiscal, la Superintendencia de Servicios Públicos y la propia Contraloría General, sin que ninguna instancia encontrara irregularidades.
Respecto a declaraciones previas emitidas por la antigua administración, la compañía señaló que estas se dieron en un análisis general sobre el alcance del ESRD y no contradicen la postura técnica que sustentó las decisiones de precio ni la gestión para evitar riesgos de especulación o rebosamiento.
Compromiso institucional
URRÁ reiteró que mantiene su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la rigurosidad técnica, pilares que —según indicó— han guiado su operación durante más de dos décadas.
La empresa aseguró que seguirá defendiendo su reputación institucional, fortaleciendo la confianza pública y garantizando que cada decisión contribuya a la estabilidad del sistema eléctrico nacional y al uso adecuado de los recursos públicos.
