“No pagaré deudas de administrativos de educación sin orden judicial” Erasmo
La protesta de trabajadores administrativos del sector educación de Córdoba, que reclaman el pago de deudas laborales acumuladas por más de una década, encontró este miércoles una respuesta tajante del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, quien afirmó que no girará recursos mientras no exista una orden judicial que lo obligue y rechazó la idea de asumir la responsabilidad “por iniciativa propia”.
Los manifestantes que exigen soluciones para procesos laborales que, según sus voceros, llevan hasta 14 años pendientes instalaron piquetes frente a la Gobernación y amenazaron con cerrar accesos a la sede departamental. En su intervención, Zuleta reconoció el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero condicionó el pago al cumplimiento de decisiones judiciales: “Quieren un pago, ahí está la plata, que hay una orden judicial… cuando haya un fallo judicial que me ordene a mí pagar, yo pago”, expresó.
“No me voy preso por nada”
El mandatario insistió en que no puede autorizar desembolsos fuera del marco legal y advirtió sobre los riesgos personales y administrativos de actuar sin una sentencia: “Yo no me voy preso por nada… cuando esté preso, nadie me vaya a visitar”, dijo, al tiempo que cuestionó la imparcialidad de algunos fallos judiciales y pidió garantías para evitar decisiones “amañadas”.
Zuleta también señaló que la Gobernación dispone de recursos relacionados con varios procesos, pero que la administración debe protegerse frente a irregularidades heredadas: “Este departamento desafortunadamente ha sufrido durante muchos años temas por corrupción”, afirmó.
Reclamo y disposición al diálogo
Los trabajadores representantes de los administrativos de la educación departamental reclaman la solución definitiva a demandas laborales históricas que, aseguran, afectan su estabilidad económica y familiar. Según los organizadores de la protesta, la demora en el pago responde a múltiples procesos judiciales y administrativos que han impedido la liquidación de acreencias.
Aunque el gobernador reiteró su respeto por el derecho a manifestarse “Como gobernador… es garantizado un deber constitucional, que es la protesta pacífica”, defendió al mismo tiempo el derecho de la institución a funcionar: “Un derecho no puede estar sobre otro derecho”, dijo en referencia a las advertencias de bloqueo de accesos.
Tensión y posible mediación
En medio de la tensión, Zuleta señaló que si las movilizaciones persisten la Gobernación mantendrá la operación, y bromeó al afirmar que los manifestantes pueden quedarse “muchos días ahí” y que incluso les “manda agua”, en alusión a no reprimir la protesta pero sí a garantizar servicios básicos.
Fuentes sindicales consultadas por este medio pidieron la apertura inmediata de una mesa de concertación que incluya a la Secretaría de Educación, la Procuraduría y la Oficina Jurídica de la Gobernación, además de representación judicial para aclarar qué procesos requieren sentencia y cuáles podrían solucionarse por vías administrativas.
¿Qué sigue?
Ante la falta de una orden judicial firme que obligue al pago, la posición del gobernador complica una solución inmediata por la vía administrativa. Los trabajadores anunciaron que mantendrán la protesta hasta obtener compromisos claros, mientras que desde la Gobernación se insistió en la necesidad de canalizar los reclamos por las vías legales para evitar riesgos fiscales y penales.
El conflicto deja en evidencia la urgencia de una revisión técnica y jurídica de las reclamaciones históricas y la conveniencia de una mesa tripartita Gobernación, justicia y representantes laborales para definir una ruta que respete la legalidad y atienda la situación social de los trabajadores. La Gobernación invitó a los manifestantes a concertar hoy mismo, aunque el gobernador reiteró que “si no hay una orden judicial, no pago”.