Colombia descertificada: ni discursos ni excusas
Por: Felipe Olaya Arias
La reciente descertificación de Colombia en materia antidrogas por parte de Estados Unidos, la primera en casi tres décadas, marca un punto de quiebre. Aunque la Casa Blanca suspendió sanciones por “interés nacional”, el mensaje es contundente: la cooperación sigue, pero bajo condición de resultados medibles.
El contexto no es menor. En 2023 se registraron 253.000 hectáreas de coca, un récord histórico, pese al aumento en incautaciones y operativos. Washington atribuye la tendencia a la reducción de la erradicación y a señales políticas ambiguas. Bogotá, en cambio, defiende un enfoque más humano que combina interdicción, diálogo territorial e inversión social.
El debate, sin embargo, no es técnico sino estratégico, ¿qué funciona, cómo se mide y en qué plazo? La última vez que Colombia fue descertificada, en 1996-1997, el país atravesaba el “Proceso 8.000” y la captura del Estado por el narcotráfico. Aquella crisis derivó en reformas y mayor cooperación judicial y militar. Hoy el escenario es distinto, no hay ruptura, pero sí una advertencia que podría erosionar la confianza, condicionar la ayuda y complicar el acceso a crédito internacional.
Tres prioridades son claras. La primera es la gobernanza de resultados, con tableros de control públicos y verificables, desglosados por municipio. La segunda, la diplomacia operativa, que requiere mesas técnicas de alto nivel para alinear indicadores y plazos. Y la tercera, la coherencia en la política, donde la interdicción debe ir de la mano de proyectos productivos, seguridad y presencia estatal real.
El riesgo no es solo de seguridad. También es reputacional. Para inversionistas y calificadoras, la descertificación es una señal de fragilidad institucional. Por eso, la respuesta no puede ser ideológica ni reactiva.
Debe centrarse en datos confiables, metodologías claras y verificaciones independientes. Al final, la pregunta clave no es si la política es “de izquierda” o “de derecha”, sino si logra reducir homicidios, extorsiones y cultivos ilícitos, mejorar ingresos rurales y golpear las finanzas criminales.
En treinta años, ninguna estrategia exclusivamente militar ni exclusivamente social ha derrotado al narcotráfico. Lo que ha dado resultados, cuando los ha dado, es la combinación de presión inteligente sobre las redes criminales, oportunidades económicas reales en los territorios y alianzas internacionales sólidas.
La descertificación no es el fin de la cooperación, pero sí un llamado de atención que encarece la inacción. Si Colombia aprovecha este episodio para ordenar datos, alinear estrategias y acelerar transformaciones territoriales, podrá reconstruir confianza con Estados Unidos desde la evidencia. Si, por el contrario, se queda en acusaciones cruzadas, el costo lo pagarán los campesinos sin alternativas, las ciudades golpeadas por la
violencia y unas instituciones debilitadas en su capacidad de articular Estado, mercado y comunidad.
En política exterior, como en toda política pública, los discursos pesan poco. Al final, lo único que cuenta son los resultados.
