Juez absuelve a hermanos Mendoza tras seis años de proceso por presunta extorsión a Otto Bula
El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió este martes a los hermanos Alfredo José Mendoza Fortich y Carlos Raúl Mendoza Fortich, así como a Érika Tatiana Rivera Barrios, de los delitos de extorsión en grado de tentativa, concierto para delinquir y cohecho, tras no encontrarse pruebas suficientes que demostraran su responsabilidad penal.
Los tres habían sido señalados de intentar extorsionar al exsenador Otto Nicolás Bula Bula —quien permanece privado de la libertad por el caso Odebrecht—, exigiéndole supuestamente $6.000 millones a cambio de favorecer su proceso de extinción de dominio por bienes valorados en $60.000 millones.
El caso, que se remonta a abril de 2018, involucraba supuestas visitas de Alfredo Mendoza a Bula en la cárcel La Picota, en las que se le habría ofrecido interceder ante la Fiscalía con ayuda de terceros, entre ellos el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo Torres. Asimismo, la entonces asistente fiscal Érika Rivera fue acusada de facilitar información y comunicaciones al interior de la Fiscalía General para favorecer a los Mendoza a cambio de dinero.
No obstante, la misma Fiscalía General de la Nación solicitó la absolución, al concluir que no se logró demostrar la existencia del delito ni la participación de los acusados más allá de toda duda razonable.
El testimonio del propio Otto Bula fue clave en el fallo. Durante el juicio, Bula declaró bajo juramento que nunca se sintió presionado ni amenazado por los Mendoza, que existía una relación de amistad entre ellos y que jamás tuvo la intención ni los recursos para pagar dicha suma.
La juez que llevó el caso concluyó que las conversaciones entre las partes fueron “normales” y que no se encontraron elementos que sustentaran las graves acusaciones, a pesar de los más de seis años de investigación.
El abogado defensor Luis Carlos Torregroza Diazgranados celebró el fallo como una “sentencia justa y respetuosa de la presunción de inocencia” y agradeció al tribunal por restablecer el buen nombre de sus defendidos.
Este fallo marca el cierre de un proceso largo y mediático que, con su resolución, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de rigor probatorio y garantías procesales en el manejo de casos judiciales de alto perfil en Colombia.