iQue descaro! Contratan por $180 millones charlas en colegios para prevenir el consumo de drogas en plenas vacaciones en Puerto Libertador
Un nuevo caso de presunta corrupción sacude al departamento de Córdoba.
Está vez en la subregión del San Jorge cordobés luego de la firma de un contrato por 180 millones de pesos el pasado 12 de diciembre y que tiene un plazo de ejecucion de 15 dias, destinado supuestamente a combatir el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes.
Lo alarmante de esta situación es que dicho contrato está siendo ejecutado en un momento en el que los colegios ya se encuentran de vacaciones y los estudiantes han abandonado las aulas de clase, vaya forma de saquear los recursos públicos en Puerto Libertador por el llamado ‘Clan Rubio Zúñiga’.
Según denuncias recientes, la alcaldesa encargada , María Camila Zúñiga, junto a su jefe tras bambalinas, Ramón Rubio, destituido por doble militancia, habrían aprobado el contrato para destinar recursos en programas relacionados con el consumo de drogas, pero dada las circunstancias estos no llegarían a los estudiantes.
Los responsables, aparentemente, habrían utilizado el pretexto de la lucha contra las adicciones como fachada para desviar fondos públicos destinados a una problemática real que afecta a muchas familias del municipio.
Este caso no solo despierta indignación en la comunidad, sino que pone en evidencia las fallas en el control y manejo de recursos públicos en un contexto donde la lucha contra las drogas es urgente.
La comunidad educativa y los padres de familia que enfrentan a diario el flagelo de las adicciones en sus hijos, señalan que el dinero podría haberse utilizado de manera más efectiva, destinándolo a programas que realmente lleguen a la población vulnerable.
La situación de posible corrupción ya está en manos de los entes de control quienes determinarán las responsabilidades de los implicados en este escándalo, mientras la población sigue esperando respuestas ante un nuevo caso de mal manejo de los recursos públicos en Córdoba.
El impacto social de este tipo de acciones es devastador, además de la pérdida de dinero que podría haberse invertido en proyectos para el bienestar de los estudiantes, este caso refleja una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia sus autoridades locales, quienes en lugar de atender las necesidades urgentes de la comunidad, siguen comprometiendo la integridad de los recursos públicos en beneficio propio.