Cristian Petro y Juan Soto aún no están en la cárcel Las Mercedes
Pese a que una jueza ordenó la reclusión de Cristian Petro Almanza y Juan Soto Garcés en la Cárcel Las Mercedes de Montería desde el pasado viernes 15 de noviembre, ambos permanecen en el Centro de Detención Transitoria de la ciudad. La situación genera preocupación y cuestionamientos sobre las medidas de seguridad para los procesados, quienes enfrentan graves cargos por su presunta participación en la masacre de Chimá.
La decisión fue tomada por la Jueza Promiscua Municipal de Chimá, con funciones de control de garantías. Sin embargo, el abogado defensor ha solicitado que los imputados Petro y Soto, sean trasladados a un centro de máxima seguridad en Valledupar, argumentando riesgos de represalias debido a la gravedad del caso. La masacre dejó como víctimas al empresario y ganadero Esteban Rafael Urueta González y a sus trabajadores Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado, quienes fueron asesinados el pasado 10 de septiembre mientras verificaban el paradero de unas reses desaparecidas.
Carlos Beleño, hijo de una de las víctimas, Fredy Beleño, pidió a las autoridades que aseguren la integridad de los procesados para garantizar que el caso sea esclarecido. “Queremos la verdad. Las familias necesitamos justicia y saber qué ocurrió realmente en Chimá,” expresó.
Los familiares de las víctimas también han insistido en que los responsables sean recluidos en un lugar donde estén aislados de posibles amenazas. Esto, aseguran, es clave para garantizar la transparencia del proceso judicial y evitar que nuevos hechos pongan en riesgo la búsqueda de justicia.
Contexto de los hechos
El 10 de septiembre, las tres víctimas fueron emboscadas en una zona rural de Chimá mientras realizaban labores relacionadas con la recuperación de ganado desaparecido. Este caso ha conmocionado a la región, generando un fuerte llamado para que las investigaciones avancen con celeridad y los responsables sean castigados.
Por ahora, la reubicación de Cristian Petro y Juan Soto, sigue siendo motivo de debate. Las autoridades deben decidir pronto su destino carcelario para evitar demoras que puedan afectar el curso de la justicia y la seguridad de los involucrados.