Energía, una carga que no soporta el Caribe
Desde hace muchos meses interpusimos una demanda ante el Consejo de Estado en contra de una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que establece el cobro de opciones tarifarias, cobro que ha puesto en jaque a los más de 12 millones de usuarios del Caribe, quienes deben pagar cifras exorbitantes en sus facturas, resultando en una carga financiera que ya no podemos soportar.
La realidad es clara: millones de compatriotas en nuestra región aún carecen de acceso a la electricidad, combustibles y tecnologías limpias para cocinar. Esta falta de acceso contribuye a una inseguridad energética que impacta de manera física, social y económica a nuestras comunidades. La carencia de un suministro justo y accesible no solo incrementa la pobreza, sino que, también atropella el desarrollo social. En este contexto, el clamor por tarifas de energía justas se convierte en un imperativo moral y económico.
Las implicaciones de esta situación son abrumadoras. El daño que se ha causado es incalculable y se manifiesta en la competitividad de nuestra región. La incertidumbre tarifaria ahuyenta el interés de los inversionistas, que, ante la falta de claridad y de un marco justo, prefieren mirar hacia otros horizontes donde las condiciones son más favorables. Además, afecta a las pequeñas y medianas empresas que, en un entorno ya complicado, luchan por sobrevivir y por crear empleo.
La energía es vital para la tranquilidad de los ciudadanos, y, sin embargo, el costo del kilovatio hora en el Caribe es escandaloso. Este aumento insostenible ha repercutido negativamente en los presupuestos mensuales de las familias, forzándolas a recortar gastos en alimentos y servicios esenciales. La desesperanza se apodera de los más de 12 millones de colombianos que habitamos esta región.
Hoy, los ciudadanos se sienten defraudados por las tarifas excesivas. Es esencial que el Gobierno Nacional devuelva la mirada hacia el Caribe y, a través del presupuesto nacional, implemente soluciones rápidas y eficaces. Las tarifas injustas que nos afectan no son solo un problema de precios; son una cuestión de dignidad y de derechos humanos. Es hora de que el Caribe reciba el protagonismo que merece en la agenda nacional.
Todos unidos debemos alzar nuestra voz de protesta en pos de una seguridad y equidad energética que fortalezca nuestra competitividad industrial y económica. Solo así podremos lograr un progreso social sostenible en nuestra región. Colombia debe unirse al Caribe en esta cruzada por un futuro energético más justo.
Nuestras comunidades merecen un servicio eléctrico que no esté atado a tarifas desmesuradas. La equidad energética no es un privilegio, es un derecho que debe garantizarse. Ahora, más que nunca, es momento de unir fuerzas y exigir un cambio que beneficie a cada uno de los habitantes del Caribe.
