Procuraduría destituye e inhabilita a 9 policías por el crimen de tres jóvenes en Chochó – Sucre
La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilitación de un oficial y ocho suboficiales de la Policía Nacional, adscritos al departamento de Policía de Sucre, por su responsabilidad en el asesinato de tres jóvenes durante una “operación candado” en el municipio de Sampués, Sucre, el 25 de julio de 2022. Este operativo se llevó a cabo tras el homicidio de un patrullero de la policía.
Según el ente de control disciplinario, los policías, pertenecientes al Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía en ese momento, detuvieron a los ciudadanos Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras. Los tres jóvenes fueron trasladados en un vehículo policial bajo el pretexto de recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban.
Durante el traslado hacia la clínica María Reina en Sincelejo, los jóvenes fueron asesinados tras recibir varios disparos del teniente coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien actualmente se encuentra en retiro. La Procuraduría informó que los jóvenes fueron declarados muertos al llegar al centro médico.
Destitución e inhabilitación policías Sucre
En consecuencia, la Procuraduría declaró responsable disciplinariamente al teniente coronel Núñez Jaramillo, quien se desempeñaba como comandante Operativo de Seguridad Ciudadana en la época de los hechos, por cometer una “falta gravísima” de acuerdo con los estatutos disciplinarios de la Policía Nacional. Núñez Jaramillo fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 19 años.
Además, se encontraron responsables disciplinariamente al mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y a los suboficiales Eduar de Jesús de la Rosa Juez, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barboza, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana. Estos uniformados fueron sancionados con destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por períodos de entre 11 y 15 años, al ser acusados de prevaricato por omisión y abuso de autoridad, por no proteger la vida de los tres jóvenes capturados, quienes finalmente murieron en el operativo.
