Córdoba

iAcueducto del San Jorge en la mira de la Contraloría! PDA habría embolatado $82 mil millones

La Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa el proyecto del Acueducto del San Jorge, uno de los proyectos más críticos en el departamento de Córdoba. El ente de control, en su más reciente informe, señaló que este proyecto, que busca llevar agua potable a diversas comunidades de la región, ha presentado demoras significativas y posibles irregularidades en su ejecución, por cerca de 82 mil millones de pesos en el Plan Departamental de Agua, vigencia 2022, por el cual se construiría el sistema de acueducto regional, para los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada.

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El acueducto, que debería haber beneficiado a miles de habitantes en la subregión del San Jorge, ha avanzado a un ritmo mucho más lento de lo planeado, generando preocupación entre las autoridades y la comunidad. A pesar de las cuantiosas inversiones realizadas, el proyecto aún no ha logrado cumplir con los objetivos establecidos, lo que ha llevado a la Contraloría a intensificar su vigilancia.

“El sistema de acueducto regional San Jorge no es la fuente de abastecimiento para la potabilización del agua de las poblaciones actualmente ubicadas en las cabeceras municipales de los mencionados municipios, y no soporta la demanda en las áreas de influencia del proyecto” , dijo el vicecontralor.

Así mismo, no se ha superado la afectación en la continuidad del servicio de acueducto y el riesgo de adquirir enfermedades transmitidas por la deficiente calidad del agua, especialmente en el caso de los habitantes más vulnerables, niños y ancianos de las localidades.

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Estos problemas reflejan una gestión inadecuada de los recursos y un posible mal manejo en la ejecución del contrato, lo que justifica la intervención de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, que ha indicado que se mantendrá atenta al desarrollo del acueducto y no descarta tomar acciones legales en caso de encontrar evidencia de mala gestión o desvío de recursos.

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