Opinión

Autonomía y democracia universitaria

Por: Jairo Torres Oviedo

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Hace 106 años nació la Reforma Universitaria en la Universidad de Córdoba-Argentina; esta surgió como un manifiesto de la educación superior de América Latina, cuyo espíritu está centrado en la rebeldía frente a cualquier dogma o verdad absoluta. Este manifiesto que surgió en 1918 aún tiene vigencia; en particular, en estos tiempos de amenaza y vulneración de su principio esencial: la autonomía universitaria.

Han transcurrido 106 años de su nacimiento, y, 17 países de la región incluyendo a Colombia incorporaron en sus constituciones nacionales, el principio de la autonomía universitaria; reflejando el impacto de la reforma de Córdoba en la cultura política de Latinoamérica. En este sentido, la reforma irrumpe inspirada en los ideales de la Ilustración y, como reacción en contra de las tendencias autoritarias, entre ellas: la estatal-autoritaria, clerical y la militar-dictatorial; que encarnaban un pensamiento de control y sometimiento del mundo universitario. Estas resistencias dieron nacimiento a la reforma universitaria de Córdoba.

En consecuencia, pensar la democracia universitaria, no solo como participación de estudiantes, profesores, egresados y directivos en la conformación del gobierno universitario; sino la oportunidad de pensar, imaginar y construir mejores formas de democracia y de gobernanza institucional. La reforma de Córdoba es un legado vigente; un incuestionable legado para pensar el presente de la Universidad Colombiana; con una visión integradora, que supere la endogamia y la autosuficiencia institucional que desvincula; además, protegerla de la injerencia de poderes externos que la desnaturalizan. En Colombia, con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se integró el principio de la autonomía universitaria en el sistema de educación superior, como conquista y reivindicación histórica y política del ethos universitario; posteriormente, reglamentada a través de la Ley 30 de 1992; garantizando de esta forma, la autonomía administrativa, financiera y académica; además, otorgando el derecho de elaborar sus normas, reglamentos, estatuto, elegir sus autoridades académicas y administrativas, incluyendo al rector.

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La Ley 30 de 1992 entrega a las universidades, la facultad legal y constitucional de establecer las formas de gobierno y dirección con la

participación de los distintos estamentos de la comunidad universitaria; lo anterior, con el propósito de que, la comunidad universitaria participe en la organización de los mecanismos de participación democrática; acorde, con la naturaleza de la universidad. Por consiguiente, una de las características de la autonomía universitaria es la libertad de pensamiento, consiste en pensar y construir mecanismos de participación amplios y diversos, que garanticen proteger la esencia de la universidad. La gobernanza institucional, no solo consiste en designar rector; sino el fortalecimiento de la responsabilidad misional y compromiso social; incluyendo la participación, el mérito, la experiencia y conocimiento; la democracia universitaria no solo como participación directa en la toma de decisiones y designación de las autoridades institucionales; también incluye, filtros y regulaciones que impidan los vicios premodernos de nuestra frágil democracia. Hoy día, transitamos por un escenario de iniciativas de reforma de la educación superior; donde los actores del sector debemos dialogar y deliberar argumentativamente, sobre el proyecto de ley estatutaria de educación y el acuerdo nacional por la educación superior; ambas iniciativas tienen como elemento central, la autonomía universitaria que debe ser preservada y fortalecida.

 

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