Ante la polémica que ha generado la exigencia de pago a la Gobernación de Córdoba por parte de la IPS Funtierra, el diputado Carlos Gómez Espitia, respaldó la posición del mandatario Orlando Benítez, quien decidió esperar los resultados de la auditoria por parte de la Universidad de Cartagena.
Para el dirigente político, es fundamental que la Universidad de Cartagena concluya la auditoría a las cuentas por pagar y se blinde jurídicamente al departamento.
Gómez, quien fuese competidor del actual gobernador en las pasadas elecciones, dijo que este es un asunto de defensa institucional, en el que los cordobeses deben proteger los recursos públicos.
La asamblea de acreedores de la ley 550 para el departamento de Córdoba fue convocada para este viernes 29 de octubre y se decidirá si se suspenden sus efectos, o le conceden a la Gobernación la solicitud de nulidad de la misma, mientras se conoce el resultado de la auditoría.