A través de la resolución 1587 que ordena la creación de una Defensoría Regional del Pueblo en el sur de Córdoba, se advierte del riesgo que hoy enfrentan las comunidades ante el control territorial que ha ejercido el Clan del Golfo en los últimos años tras la dejación de armas por parte de las Farc-Ep.
La Defensoría del Pueblo sostiene que entre 2019 y 2020 en el sur del departamento, más de 4.530 personas fueron víctimas de desplazamientos forzosos.
Durante ese periodo se habrían registrado 16 eventos de desplazamiento masivos que afectaron a cerca de 1.453 hogares.
De las más de 4.500 personas afectadas, 1.282 eran indígenas. Todo esto como consecuencia de las disputas en el territorio de las AGC, Disidencias de las FARC- Frente 18 y Caparrapos; y otros ocasionados por operativos militares y policiales.