El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis y el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, asumieron el rol de mediadores para dirimir problemas entre las comunidades y la multinacional minera que explota yacimientos en el municipio de Puerto Libertador.
Voceros de las comunidades aseguraron que están siendo discriminados, estigmatizado y a punto de ser expulsados de su territorio, por la multinacional Minerales Córdoba con el aval del Gobierno Nacional.
“Estamos siendo revictimizados por el propio Estado que nos desconoció cuando entregó títulos mineros, hoy en poder de multinacionales”, relató una de las afectadas, quien sostuvo que la comunidad donde reside fue fundada hace 45 años y cuenta con 700 habitantes. “Con nuestro propio esfuerzo hemos levantado escuelas, puesto de salud, iglesias y demás equipamientos que han sido desconocidos”.
La vocera aseguró que “pasaron de ser mineros tradicionales a ser considerados por la empresa que explota el suelo como criminales, terroristas, colaboradores de grupos al margen de la ley, poniendo en evidencia el peligro al que nos someten”.
En una carta, los afectados le expusieron al Defensor del Pueblo como los líderes de la zona no pueden hablar y alzar las banderas, porque se vuelven blanco de callar. “Eso le ha pasado a mi padre que está amenazado y lo quieren desplazar. De eso es testigo el Alcalde, el Secretario de Gobierno y en la denuncia oficial está por escrito”, agregó Brenda, una de las afectadas.
Añadió que como asentamiento en esa zona minera, tramitan sin éxito desde 1997 títulos mineros y que hoy en manos de una multinacional se esfumaron las esperanzas, y para desalojar la zona, no los quieren reconocer.
“Programamos reuniones con la empresa para establecer una mesa de concertación y a última hora la cancelan. El Alcalde ha intervenido y tampoco ha podido”, expresó Brenda.
