Procuraduría suspende al alcalde de Tierralta por presuntos sobrecostos en compra de mercados
La Procuraduría General de la Nación notificó en la mañana de éste martes 5 de mayo al gobernador de Córdoba, de la suspensión provisional, por tres meses, del alcalde de Tierralta Daniel Enrique Montero Montes, por presuntos sobre costos en la compra de mercados para atender la emergencia del COVID19 y lo conminó, en la brevedad posible, a encargar a un funcionario de la gobernación en esa alcaldía del Alto Sinú.
Mediante comunicado a la opinión público la procuraduría informó que la suspensión provisional también cobija al secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado.
Hasta el momento el gobernador Orlado Benitez no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema pero se conoció que en las próximas hora se conocerá a quien encarga de la alcaldía de Tierralta.
Comunicado de la Procuraduría General de la Nación
Bogotá, 5 de mayo de 2020. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y solicitó la suspensión provisional por 3 meses del alcalde Tierralta, Córdoba, Daniel Enrique Montero Montes, y del secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado, por presuntos sobrecostos en un contrato por $750 millones para la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria por causa del covid-19.
Se investigan presuntas irregularidades en la etapa contractual y una supuesta violación a los principios de responsabilidad, selección objetiva y planeación, ante la aparente ausencia de estudios previos y análisis de mercado, la identificación de la población objeto y beneficiaria de las ayudas, y de las bases de datos para verificar la focalización e identidades de las personas que están recibiendo los kits de asistencia.
Se busca establecer si no se acreditó la experiencia por parte del proponente y si no se le habría exigido la capacidad financiera y organizacional, y si se presentaron sobrecostos en el Contrato 042, del 26 de marzo, que podrían ser del orden de $190 millones de pesos, para la adquisición de 10 mil kit de mercados, cada uno a $50.000, 10.000 de $25.000.
La Procuraduría busca establecer si el alcalde y el secretario, en su condición de supervisor del contrato, incurrieron en una falta disciplinaria, los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el perjuicio causado a la administración pública y su grado de responsabilidad.
Con la medida cautelar de suspensión en el cargo del alcalde y su secretario por tres meses se busca evitar la reiteración de la comisión de la falta y una eventual interferencia en la práctica de las pruebas ordenadas.
Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.
Este proceso hace parte de los casos identificados como prioritarios por el programa ´Transparencia para la emergencia´, que lideran la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.