Once años después, el asesinato de José Miguel Chica Chica sigue en la impunidad
La Fiscalía no ha identificado a los responsables del homicidio del exsecretario de Educación de Córdoba, testigo clave del escándalo del ‘cartel de la educación’.
Han pasado once años desde el asesinato de José Miguel Chica Chica, exsecretario de Educación de Córdoba y una de las figuras centrales del escándalo conocido como el ‘cartel de la educación’, sin que la justicia haya logrado avances sustanciales para esclarecer el crimen.
Según información entregada por la Fiscalía General de la Nación a La W Radio, “hasta el momento no se ha podido identificar a las personas que lo asesinaron”. El proceso continúa activo en una Fiscalía Seccional de Vida de Córdoba, pero sin autores conocidos.
El homicidio ocurrió en junio de 2014, cuando Chica Chica se preparaba para rendir declaración sobre la red de corrupción que operó en la Gobernación de Córdoba, relacionada con falsas reclamaciones de pensiones de docentes ante la Fiduprevisora, hechos que se concentraron entre 2010 y 2012.
El cuerpo del exfuncionario fue hallado estrangulado en la vía que comunica a Montería con Planeta Rica, a la altura del kilómetro 6. De acuerdo con la Fiscalía, la motivación del crimen estaría directamente vinculada con las denuncias que la víctima planeaba realizar, lo que sugiere que su muerte estaría relacionada con el intento de silenciar un testimonio clave dentro del entramado de corrupción.
El llamado ‘cartel de la educación’ fue descubierto durante la administración del entonces gobernador Alejandro Lyons Muskus, y según las investigaciones, implicó el desvío de alrededor de 400 mil millones de pesos mediante maniobras fraudulentas en el pago de pensiones y retroactivos a docentes.
Pese a la magnitud del caso y al papel determinante que pudo haber tenido Chica Chica como testigo, el homicidio permanece en la impunidad más de una década después.
El hecho, además, revive la preocupación por la vulnerabilidad de los denunciantes de corrupción en Córdoba, donde varios funcionarios y testigos han sido víctimas de amenazas y ataques tras intentar colaborar con las autoridades.
La Fiscalía insistió en que el expediente “sigue activo y en investigación”, aunque sin avances concretos para identificar a los autores materiales o intelectuales del crimen.
A once años del asesinato, la familia del exsecretario y la opinión pública siguen esperando respuestas sobre un crimen que, más allá de su brutalidad, simboliza el precio que puede pagar quien se atreve a denunciar la corrupción en Colombia.
